El Estado deberá compensar a las comunidades con 142.000 millones por la reforma del IRPF

La rebaja del IRPF no mermará la financiación autonómica, ya que la Administración central deberá compensar a las comunidades con 142.000 millones de pesetas (unos 47.000 por año) entre 1999 y el 2001, según un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente de Hacienda. Esta cantidad cubrirá con creces la pérdida del 6,7% en los ingresos por IRPF de las comunidades por esta vía, al establecerse que sus recursos crecerán como mínimo igual que el PIB nominal, según el acuerdo de abril de 1998 que reformó el sistema. La Administración central cargará así con el coste de la reforma, con un impacto en el déficit del Estado en años venideros. Ello supone "desnaturalizar" la corresponsabilidad fiscal.

, El estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) es el primero que desde el Ministerio de Hacienda aborda los efectos de la reforma del IRPF en la financiación autonómica. La principal conclusión es que la reforma generará pérdidas recaudatorias en las comunidades autónomas, pero serán compensadas con creces por la Administración central, en base al compromiso asumido. Esto es algo no reconocido aún oficialmente, y supone un nuevo desequilibrio financiero en contra de la Administración central y a favor de las comunidades autónomas. El coste global de la reforma fiscal es, en principio, el mismo -701.800 millones de pesetas en un año, según el estudio-, pero es la Administración central la que lo asume. Supone, en definitiva, que el Estado tendrá menos dinero para desarrollar sus competencias, mientras que para las comunidades la situación será la inversa. El estudio sitúa en un 15,98% la pérdida de recaudación para la Administración central (653.300 millones de pesetas) y en el 6,7% para las comunidades autónomas (48.400 millones). La diferencia de porcentaje responde a dos factores: la nueva distribución de la tarifa y el descenso de la base sobre la que se aplica.

Nueva tarifa

En cuanto a la tarifa, la composición ya no es del 85% a favor del Estado y el 15% para las comunidades, como con el anterior impuesto sobre la renta. Ahora, los porcentajes varían entre el 15,4% y el 17,5% para las comunidades, según los tramos, y el resto, para la Administración central. Pese a estas correcciones, la base sobre la que se aplica la tarifa desciende un 44,6% de media, lo que explica que las comunidades registren ese descenso en sus ingresos del 6,7%. Pero esta pérdida se compensará, seguramente, en mayor medida. La razón es que la reforma del actual sistema de financiación (1997-2001), acordada de soslayo en abril de 1998 a iniciativa del Gobierno catalán, aunque asumida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevé que los ingresos autonómicos por esta vía (en torno al 15% del IRPF) crecerán, como mínimo, igual que el PIB nominal (el crecimiento más la inflación). Es decir, que si, como es previsible, la recaudación del impuesto sobre la renta crece menos que la economía (más la inflación), las comunidades aumentarán su financiación por esta vía lo que crezca el PIB nominal. Esta compensación sale de las arcas de la Administración central en una cantidad que el estudio del IEF, dirigido por Jesús Bermejo (exdirector de la Agencia Tributaria), estima en 142.000 millones de pesetas (una media de algo más de 47.000 millones anuales) entre los años 1999 al 2001. Su efecto en el déficit del Estado se notará con dos años de desfase, ya que las transferencias a las comunidades autónomas se liquidan en ese plazo. En teoría, no afectará al déficit del conjunto de las administraciones públicas -incluye el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos-, ya que la compensación debería permitir a las comunidades reducir su saldo negativo. Los 142.000 millones de pesetas son, por otra parte, un mínimo de partida, ya que el estudio no valora el efecto en el otro 15% que, como máximo, las comunidades reciben como participación en la recaudación del IRPF en su territorio. El resultado será, en cualquier caso, que las comunidades no ejercen en la práctica la corresponsabilidad fiscal que se estableció como base del actual sistema de financiación, que será renovado en el 2002. El estudio de Hacienda -elaborado por los expertos Juan Manuel Castañer, Jorge Onrubia y Raquel Paredes- considera al respecto que, "en la medida en que la reforma ha eximido a las comunidades autónomas de su participación en los costes recaudatorios, el papel a desempeñar por el IRPF (...) se ha visto desnaturalizado". Ahora, añade, las comunidades "únicamente serán corresponsables de los resultados beneficiosos de su participación en el IRPF".