El paro de inspectores médicos afectará a las altas por incapacidad y el visado de medicinas

Tras seis años de "discriminación" y "desprecio total" por parte de la Consejeria de Sanidad, pidiendo una equiparación de categoría profesional y retributiva con sus compañeros del resto de España y facultativos de instituciones sanitarias, los inspectores médicos y farmacéuticos del Servei Valencià de Salud iniciaron ayer una huelga indefinida. Los servicios que se verán más perjudicados serán las revisiones de altas y bajas de incapacitaciones laborales, el visado de medicamentos, fundamentalmente la dispensa de pañales para adultos y material ortopédico, y la inspección de centros.

"Es un problema de falta de voluntad política". La representante de los inspectores de la provincia de Valencia, Pilar Ferrer -que compareció ayer junto al representante del colectivo en Alicante, Juan Manuel Ibáñez, y el de Castellón, José Miguel Comes- acusó ayer al consejero de Sanidad, Joaquín Farnós de haber "engañado" a los 86 inspectores de la Comunidad, al no haber cumplido con su compromiso de atender sus demandas, lo que enmarcó en una actitud "prepotente" y en el "desprecio a la inspección" por parte del departamento dirigido por Farnós. Mediante la huelga, que según los convocantes tuvo una incidencia del 82%, los inspectores, el cuerpo encargado de tutelar la actividad sanitaria en la Comunidad, exigien una recalificación profesional del nivel 20 actual al 26, situación en la que se encuentran los inspectores del resto de autonomías, tengan o no transferidas las competencias sanitarias, o los inspectores de educación y de tributos, pertenecientes también a la Administración valenciana. Los inspectores, que han denunciado los servicios mínimos, se quejaron de ser los médicos que "a igualdad de horario" cobran menos en la sanidad valenciana, con el agravante de contar con exclusividad irrenunciable. Junto a las quejas retributivas, exigen el diseño de un Plan de Inspección, un instrumento necesario para planificar las actuaciones de los funcionarios. Farnós reconoció la discriminación que sufre el cuerpo, peron negó su reclasificación porque implicaría "revisar gran parte de la Adminisatación valenciana".