Trabajo cuestiona que se destinen fondos públicos a las prejubilaciones

El secretario general de Empleo, Juan Chozas, cuestionó ayer el que deban destinarse fondos públicos a las prejubilaciones y recalcó que el deseo de todos los gobiernos, y no sólo el español, es prolongar el mayor tiempo posible la vida laboral de los trabajadores. El responsable del Ministerio de Trabajo mostró sus dudas de que el Estado tenga que costear el desempleo de los trabajadores de una empresa con grandes beneficios, como Telefónica, que plantea prejubilaciones a los 42 años.Trabajo, según Chozas, extremará los controles sobre los prejubilados de Telefónica y de otras empresas que, nada más abandonar su relación laboral con la compañía, acceden al cobro de desempleo durante dos años, ya que se trata de personas muy jóvenes que deben mantener una posición muy activa dentro del Inem.

En este sentido, apuntó la posibilidad de que estos prejubilados, y por lo tanto parados, accedan a todos los proyectos previstos en la lucha contra el desempleo, tales como los talleres de empleo o los contratos de formación, además de tener la obligación de cumplir con todas las ofertas que les realice el Inem. A quienes se niegan, se les retira la cobertura de desempleo. Pese a esas afirmaciones, aseguró que el Gobierno respeta cualquier acuerdo a que lleguen los directivos y sindicatos de las distintas empresas sobre prejubilaciones, porque son "uno de los canales que recoge la legislación".

Respecto a los datos de colocaciones y paro del Inem, Juan Chozas aseguró que la contratación fija "está comiendo terreno a la temporal", al haber alcanzado en mayo la cifra histórica del 13,07% y a casi 150.000 empleos. No obstante, admitió que la bajada de bonificaciones a este tipo de colocaciones pueden tener "algo de efecto frontera" en la tendencia alcista registrada en los dos últimos años. El secretario general afirmó que habrá que esperar a conocer los datos de la contratación indefinida de este mes para constatar si la reducción de las bonificaciones que reciben los empresarios afectan negativamente al empleo fijo.