La Justicia ha parado desde 1995 las obras de tres carreteras vizcaínas por problemas medioambientales

Los tribunales han cuestionado las principales carreteras que está ejecutando la Diputación de Vizcaya en el territorio. Tres variantes, las de Elorrio, Bérriz y una de las de entrada a Bilbao, han visto paralizadas sus obras por problemas ambientales; en otros dos casos, la Variante Este de Bilbao y la circunvalación de Markina, los proyectos han sido anulados. En este último caso, dado que el vial está concluido, la Diputación negocia desde el pasado año con los afectados una indemnización económica. Los ecologistas cuestionan la proliferación de las variantes.

Desde 1995 la construcción de carreteras está causado continuos quebraderos de cabeza a las autoridades vizcaínas. Primero fue la variante de Elorrio, inaugurada hace dos meses, un proyecto de casi 3.000 millones que en 1995 estuvo paralizado durante varios meses por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debido a la falta de la declaración de impacto ambiental. Idéntica carencia motivó un retraso de casi dos años en el inicio de las obras de la variante de Bérriz, un tramo de 1,6 kilómetros presupuestado en 610 millones. El tercer caso, también por la ausencia de la declaración de impacto, fue el de la Variante Este de Bilbao, una de las tres nuevas autovías de acceso a la capital, que requerirá una inversión de 3.000 millones de pesetas. Las obras, que ya habían comenzado, estuvieron paradas judicialmente siete meses durante 1997. El nuevo contratiempo para la Diputación ha sido, en esta misma carretera, la reciente sentencia del Tribunal Superior que ha anulado el proyecto debido a la falta del trámite de información pública y el incumplimeinto de una norma ambiental cuando faltan nueve meses para la finalización de las obras. Los vecinos que presentaron la demanda están a la espera de si el tribunal decreta o no la paralización de los trabajos. A finales de 1997, el Tribunal Superior también anuló el proyecto de la variante de Markina por la falta de declaración de impacto, aunque en este caso la circunvalación llevaba en servicio ya casi dos años. La decisión judicial no supondrá ningún cambio en el trazado del vial, pero la Diputación está negociando, desde el pasado, año, con los vecinos recurrentes la concesión de indemnizaciones económicas. Además de estos cuatro proyectos, otros tres más pueden seguir la vía judicial en los próximos meses. El más importante es el corredor del Txorierri, la carretera más costosa actualmente para la Diputación, con 17.8000 millones de presupuesto, que prevé empezar a construirse en diciembre. El colectivo de defensa medioambiental Bizirik ha recurrido judicialmente porque el trazado afectaría a una ruta juradera y destruiría dos puentes antiguos. "Tenemos una promesa de la Diputación de que volverán a mirar el trazado y, si no se cumple, pediremos la paralización", señala un portavoz de Bizirik. Las variantes de Zeanuri e Igorre son otros dos futuros conflictos. En el primer caso, se ha tramitado un recurso judicial por la proximidad del trazado al parque natural de Urkiola y el gran impacto de la construcción de un viaducto y, en Igorre, se ha desatado una importante protesta ciudadana al proyectarse que el vial discurra junto a unas escuelas. El colectivo Bizirik explica la proliferación de pleitos judiciales con las carreteras "porque la presión sobre la ocupación de los terrenos es tremenda". "En Igorre y Zeanuri el problema se solucionaría con la liberarización del peaje de la autopista. Nuestro planteamiento no es ir en contra de las infraestructuras pero que no sean reduplicadas y tengan un adecuado estudio de impacto", sostiene. La Diputación asegura que las declaraciones de impacto ambiental son ya habituales en todos los proyectos y que se cumplen fielmente las leyes en cada uno de ellos.