El Superior da otro varapalo a las instituciones por no negociar la euskaldunización con los sindicatos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha suspendido cautelarmente varios apartados de la norma foral del euskera de la Diputación de Álava por no negociar con los sindicatos los planes de euskaldunización y la asignación de los perfiles lingüísticos de los funcionarios. La norma foral sólo prevé "la colaboración" con los representantes de los empleados para adoptar las medidas de normalización lingüística. El Superior considera la norma insuficiente porque la asignación de perfiles incide en los requisitos necesarios para desempeñar los puestos de trabajo y los sindicatos deben estar en un "plano de paridad" con la Administración en la asignación de perfiles.

Es la segunda vez en menos de año y medio que el Superior vuelve a suspender algunos artículos relacionados con las normas de euskaldunización de las instituciones vascas por eludir la negociación con los sindicatos y limitarse sólo a consultas. En enero de 1998, dictó sendos autos de suspensión afectando a los decretos de euskaldunización del Gobierno y de la Ertzaintza. En aquella ocasión, al igual que ha sucedido ahora con la norma foral -que fue aprobada en marzo del año pasado-, UGT ha sido la central que ha recurrido los documentos. Los planes de normalización atribuyen a cada puesto de trabajo un perfil -que es el grado de conocimiento del euskera- y una fecha para acreditarlo. La Administración General de la Diputación alavesa cuenta en este momento con 850 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 900 trabajadores del Instituto Foral de Álava y 70 del Instituto de Juventud. Una de cada cuatro plazas tiene fecha de preceptividad (alrededor de 450). Este porcentaje se fija en función del número de vascoparlantes del territorio, tal y como dice la Ley del Euskera. "Medidas oportunas" El Superior ha suspendido algunas disposiciones adicionales de la norma y, lo que resulta más trascendente, el artículo siete, dedicado a la euskaldunización de los empleados y que dice textualmente: "La Administración Foral de Álava, con la colaboración de los representantes de los empleados, adoptará las medidas oportunas para proceder a la euskaldunización de los empleados". Según el auto de suspensión del Superior, "estas materias tienen que ser objeto de negociación y no de mera consulta con los representantes de los trabajadores" al afectar a condiciones de trabajo. La fundamentación jurídica recoge que la Ley básica de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas impone, con carácter preceptivo, la negociación con las centrales sindicales representativas en materias relativas a la clasificación de puestos de trabajo, sistema de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios. Así, el auto dispone la suspensión del artículo siete y de dos disposiciones adicionales "en consideración a la dificultad de reparación de los perjuicios que pudieran generarse en otro caso". Mientras la Administración no negocie en pie de igualdad con los sindicatos los planes de euskaldunización, éstos no podrán ponerse en marcha. La Diputación ha presentado un recurso de súplica en el que establece una diferencia entre la suspensión de los artículos de los decretos de normalización del Gobierno y los de la norma foral. Según el recurso, "el decreto del Ejecutivo prevé tan sólo un trámite de consulta con los sindicatos, mientras que la norma foral establece la colaboración de los representantes de los trabajadores para la euskaldunización y la fijación de los perfiles. Si la diferencia entre consulta y negociación (que es lo que exige el Superior) puede resultar clara, la colaboración de la que se habla en la norma foral satisface el objetivo de la Ley". Un portavoz de la Federación de Servicios Públicos de UGT explicó que el nuevo varapalo jurídico propicia una coyuntura favorable para que en Álava "se replantee de nuevo la política lingüística". Para UGT, "no tiene ningún sentido convertir a las administraciones públicas en euskaltegis. No vamos a permitir que el derecho lingüístico suponga que haya ciudadanos que tienen más derecho al trabajo que otros. Cada vez que se pone un perfil lingüístico para acceder a un puesto de trabajo, en Álava no pueden aspirar a esos puestos ni un 30% de ciudadanos". Este portavoz zanjó que "no se puede tolerar que la gente tenga dificultades para acceder a un empleo en la Administración, ni que gente que paga sus impuestos en Álava no tenga posibilidades de trabajar en la misma". Las Juntas Generales de Álava aprobaron la norma del euskera el 31 de marzo del año pasado con los votos del equipo de gobierno de entonces, (integrado por PNV y EA y por el PSE). El PP, UA y el Grupo Mixto la rechazaron por entender que la norma desplaza a los castellanoparlantes. IU y HB se abstuvieron.