El 75% de las españolas que abortan renuncia a su derecho a la sanidad pública

Lograr que la sanidad pública atienda los abortos legales al amparo de la ley exige auténtica militancia. La realidad demuestra que el 75% de las españolas que abortan se lo paga de su bolsillo, renunciando a sus derechos. En el 25% restante, los servicios sanitarios suelen desviar a las pacientes a clínicas privadas, haciéndose cargo, eso sí, de la factura. La objeción de conciencia, fuera de todo control administrativo, es masiva en los hospitales públicos. En siete comunidades, que suman 7,2 millones de habitantes (igual que Austria), no hay uno solo que ofrezca este servicio.

En los grandes hospitales públicos siempre hay alguien dispuesto a combatir el aborto. "A las mujeres las presionan para que tengan el niño. Les dicen que lo den en adopción. Son cosas que ya se les han explicado en el centro de planificación familiar. Algunas me han dicho después que hubieran preferido pagar las 45.000 pesetas que vale la operación antes que pasar por esa pesadilla", explica el ginecólogo gallego Xosé Vidal.Esa presión exterior ha tenido importantes repercusiones.Entre los médicos de la sanidad pública ha fomentado una masiva objeción de conciencia que no está regulada -ni siquiera hay que ratificarla por escri-to- y que tiene la ventaja de evitarse más trabajo y complicaciones. "Además, con que objete el jefe de servicio, o el anestesista, vale", explica Empar Pineda, de la Clínica Isadora de Madrid. En España se registraron en 1997 un total de 49.578 abortos legales, cifra que decrece con respecto a años anteriores por primera vez desde 1985. De ellos, sólo 1.329 (el 2,6%) se hicieron en hospitales públicos.

Esa presión exterior ha fomentado también que la mayoría de las mujeres que optan por abortar -casi siempre por un primer embarazo no de-seado- acudan a una clínica privada renunciando a su derecho a ser atendidas por la sanidad pública. Y así, algunos gobiernos autónomos culpan de la situación a esa decisión previa de las mujeres, como ha declarado un alto cargo gallego, y otros afrontan gastos extraordinarios, como el traslado de la paciente fuera de su territorio, al no haber clínica alguna -ni pública ni privada- en el propio. Es el caso del Gobierno navarro, que costeó 41 abortos (el 14,5% del total sufrido por las mujeres navarras) a un precio medio de 113.000 pesetas.

Tampoco en La Rioja hay ni centros públicos ni privados que practiquen abortos. En otras cinco comunidades -Va-lencia, las dos Castillas, Extremadura y Murcia- sólo hay privados. Pero el tratamiento que reciben las mujeres en este terreno no depende tanto de esta distribución patrimonial como de la voluntad política de cada Gobierno autónomo. Lo demuestra el sistema de conciertos del Gobierno valenciano, en manos del PP, que facilita el acceso a esta prestación, por lo que en 1998 la Conselleria de Sanitat pagó el 34,6% de los 4.894 abortos registrados entre las mujeres residentes, a razón de 35.500 pesetas cada uno.

Aquí se destaca la Junta de Andalucía (PSOE), cuya política de conciertos ha hecho posible que el 53% (el 43% en 1997) de los abortos los financie el Servicio Andaluz de Salud. Las pacientes obtienen cita en la clínica concertada en el mismo centro de atención primaria.

Por contra, Cataluña, con Gobierno de CiU, que registra la mayor concentración de centros públicos y privados dispuestos a practicar abortos, sólo afronta el 20% de los que se registran. Igualmente contradictoria es la situación vasca. En Euskadi, donde incluso los hospitales públicos practican abortos de primer trimestre -lo que no ocurre en el resto de España-, el Gobierno nacionalista sólo paga el 15,5% de las operaciones.

Quizá la peor situación se vive en Galicia, regida por el PP. Sólo el 6% de las mujeres que abortan obtienen financiación pública (véase EL PAÍS del 14 de abril de 1999) por culpa de las trabas administrativas de la Xunta, según la oposición.

El Insalud, dependiente del Gobierno central del PP, dice desconocer el porcentaje de financiación que dedica al aborto. Pero las clínicas privadas consultadas avalan ese cálculo de que alrededor del 75% de las intervenciones que se realizan en este país van a cargo del bolsillo de las pacientes. "Lograr que te atienda la sanidad pública exige espíritu de militancia por parte de la mujer en un momento muy difícil de su vida", dice Victoria Virtudes, de la clínica Dator de Madrid. "Esta batalla por lo público la hemos perdido", sentencia Vidal.