Cae el viejo campo de Atotxa para dar paso a 388 viviendas de protección oficial

El solar que ocupa el viejo campo de fútbol de Atotxa, en el donostiarra barrio de Egia, se transformará en una moderna zona residencial con 388 viviendas de protección oficial, de las cuales 104 se destinarán a alquileres sociales. Ayer comenzaron las obras de demolición de las instalaciones deportivas, un paso más en la profunda regeneración urbana de este área. El proyecto, que supondrá una inversión de 10.000 millones de pesetas (60,1 millones de euros), incluye la construcción de aparcamientos subterráneos, parques y un bidegorri.

El derribo de Atotxa significa un antes y un después en la historia de San Sebastián. Después de ser clausurado el 22 de junio de 1993, cayó en el abandono más absoluto y sus instalaciones han experimentado desde entonces un acelerado proceso de deterioro. El escenario en el que la Real Sociedad obtuvo dos campeonatos de Liga consecutivos (años 1981 y 1982) todavía conservaba ayer una frondosa capa de hierba descuidada sobre el antiguo rectángulo de juego. Atotxa liberará una superficie de 4.200 metros cuadrados, donde se construirán dos bloques de viviendas en forma de U y un parque central. El proyecto residencial prevé la edificación de 388 pisos de protección oficial, de los cuales casi una tercera parte se cederán en régimen de alquiler barato. El proyecto de urbanización de todo el sector de Atotxa tendrá un coste aproximado de 10.000 millones de pesetas y se calcula que estará concluido para el año 2002, según las previsiones del departamento municipal de Urbanismo. La proximidad con el centro de la ciudad concede un valor privilegiado a esta zona, que mejorará cuando estén terminadas las obras del aparcamiento subterráneo para 1.360 plazas, del carril para bicicletas y de dos parques más. En una parcela próxima al campo de fútbol continúan adelante los trabajos de construcción del futuro Palacio de Justicia de San Sebastián, ubicado en el edificio del antiguo Hospital militar. Las obras de la nueva sede judicial costarán 2.671 millones de pesetas (16 millones de euros), que serán financiados por el Gobierno vasco.