Juicio al gran estafador

Seguramente, el hombre más odiado de Francia no es un asesino o un violador de menores, sino Jacques Crozemarie, ese conocido personaje de semblante adusto que se asomaba periódicamente por la televisión para tocar la fibra de la mala conciencia de los telespectadores y solicitar con aire grave la generosidad ciudadana. Aunque ayer se le vio castigado por una enfermedad, hasta el punto de que fue evacuado en ambulancia al iniciarse el juicio contra él y sus socios, las gentes no parecen dispuestas a perdonar al desinteresado campeón francés de la lucha contra el cáncer, al distinguido profesor honoris causa, al amigo de tantos eminentes cancerólogos mundiales y de no pocos políticos locales. No le perdonan ni la estafa, ni que haya dejado en estado de ruina moral al mundo de las asociaciones caritativas francesas, que haya dilapidado y traicionado la confianza y el crédito en valores como la solidaridad.Tres años después del escándalo, mientras las asociaciones privadas benéficas comienzan a duras penas a recuperarse del cataclismo, Crozemarie, de 73 años, el destituido presidente de la Asociación para la Investigación del Cáncer (ARC), se sentó, a las dos de la tarde, en el banquillo para rendir cuentas de los 300 millones de francos (7.500 millones de pesetas) que él y sus numerosos cómplices robaron presuntamente de los fondos de la asociación. Parte de las donaciones, aportadas muchas veces por familiares de los propios enfermos de cáncer, terminaron financiando el alto tren de vida, las lujosas mansiones, los caros caprichos de este pretendido apóstol de la lucha contra el mal.

Como el dinero recogido mediante grandes campañas publicitarias, en el más puro estilo charity-business norteamericano, llegaba en abundancia a las arcas de la asociación -la recaudación superaba algunos años los 500 millones de francos-, Jacques Crozemarie, que pagaba con el dinero de las donaciones a sus múltiples empleados de su servicio doméstico, a su secretaria particular y a la enfermera que cuidaba a su madre, juzgó necesario, en un momento determinado, compartir el maná con algunos de sus semejantes para asegurarse su complicidad y su silencio. La máxima la caridad, bien entendida, empieza por uno mismo pasó a ser de uso general entre los directivos y cuadros de la potente asociación, con ramificaciones internacionales. De ahí que Crozemarie comparta ahora el banquillo del Palacio de Justicia de París con otros 25 acusados de la misma estafa, la mayor registrada en la historia de las asociaciones de beneficencia francesas. Según la fiscalía, el muy autoritario presidente de la Asociación para la Investigación del Cáncer destinó en ocho años un total de 10 millones de francos (250 millones de pesetas) de la recaudación a los arreglos de sus cuatro lujosas residencias de la Costa Azul y de la capital francesa.

El sumario instruido por el juez Jean-Pierre Zanoto enseña que los advenedizos pueden ser tan audaces o más que los inventores del sistema. Así, en muchos menos años de servicio a la suprema causa de la investigación contra el cáncer, Michel Simon, de 51 años, responsable de comunicación de la ARC, se sirvió de siete millones de francos (175 millones de pesetas) para el remozamiento de sus diferentes propiedades y acumuló en Suiza casi 88 millones de francos más en concepto de pretendidas comisiones.

El sistema creado por Crozemarie, que durante 34 años dirigió con mano de hierro la entonces prestigiada ARC, comprende, en el más puro estilo de la picaresca política francesa, salarios ficticios pagados a nombre de amigos, familiares, niños incluidos, que jamás pisaron los elegantes locales de la asociación. Aunque la sospecha se extiende sobre la totalidad del mandato de Jacques Crozemarie, el periodo comprendido entre 1990 y 1995 debió ser el reino de Jauja para todos aquellos que estaban en el secreto de las falsas facturas que permitían cargar a la contabilidad general todo tipo de gastos personales, que permitían sobredimensionar escandalosamente los costos de los trabajos encargados a la red de empresas pantalla creadas en torno a la asociación.

Además de cinco años de prisión, la regenerada ARC francesa, que preside ahora Michel Lucas, un antiguo inspector de Hacienda, reclama a Jacques Crozemarie y al resto de los inculpados los 312 millones de francos supuestamente robados y otros 200 por el daño moral causado a la asociación. No parece demasiado, vista la profundidad de la herida y el alcance de la traición a la generosidad de las buenas gentes.