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EL JUCIO DEL CASO BANESTO

Un auditor subraya la dificultad para obtener datos y dice que "las pérdidas son las que son"

Uno de los socios de la firma de auditoría Price Waterhouse, hoy Price & Coopers, José Whanon, declaró ayer que el socio firmante de la auditoría de Banesto, Antonio Tejerina, entregó a Enrique Lasarte, el 17 de diciembre de 1993, un documento en el que se cuantificaban las dificultades del banco. Y añadió que el plan de saneamiento no puede considerarse un "anticipo" de provisiones de créditos morosos. "Las pérdidas son las que son", declaró Whanon, en referencia al déficit de 605.000 millones de pesetas. Además dijo que "era difícil conseguir información" en el Banesto de Conde.

Whanon actuaba como el "segundo socio", una especie de control, de la auditoría de Banesto, sin estar implicado en la actividad diaria. La defensa de Rafael Pérez Escolar, que había citado al testigo, preguntó por una operación de artificios contables, la llamada Operación Gescam, mediante la cual Banesto contabilizó 8.000 millones de beneficios en 1992 con cargo al ejercicio de 1991."El Banco de España no se opuso", relató Whanon, "a menos que se descubriese la existencia de algún pacto con el grupo que compraba", narró el testigo. Quien adquirió Gescam fue el empresario Pedro Pueyo, presidente del grupo Oasis, que poseía una participación del 3% en Banesto (con un pacto de recompra secreto del 1,5%). "No sabíamos tampoco mucho sobre el grupo Oasis", dijo Whanon.

La defensa de Pérez Escolar preguntó al testigo cuál era la razón de las discrepancias entre los riesgos de Banesto, según Price Waterhouse, y los que había descubierto el Banco de España. El abogado Jesús Castrillo dijo que, mientras los riesgos a 30 de junio de 1993 fueron cifrados por el Banco de España en 80.200 millones de pesetas, Price los valoró, en un informe de 22 de junio de 1993, en 32.000 millones de pesetas.

No podía haber otro ejemplo de información retaceada al auditor mejor que Oasis, ya que consta la protesta documental de Price por esa resistencia a dar datos. El testigo contestó que le estaban hablando "de dos fechas que nada tienen que ver". Price, explicó, emitió su informe en junio de 1993, pero sus datos se referían al ejercicio de 1992, mientras que el banco emisor valoraba, a finales de 1993, los riesgos a 30 de junio de 1993. "Estamos hablando de saldos a finales de 1992 y a mediados de 1993", dijo el testigo.

"Precisamente", añadió, "ya en 1992 hubo que provisionar el 10% para cubrir riesgos con Oasis simplemente por falta de documentación".

Whanon ratificó que su colega Antonio Tejerina entregó el 17 de diciembre de 1993 un informe que cuantificaba los problemas de Banesto al entonces consejero delegado, Enrique Lasarte, tras una labor de tres meses. La defensa de Pérez Escolar ya ha calificado ese documento como una falsificación en anteriores sesiones del juicio. "Yo leí el documento y, según me dijo Tejerina, Lasarte le informó de que el asunto se trataría en una reunión del comité de auditoría del banco el 22 de diciembre de 1993. Lasarte también le dijo que estaba negociando un plan con el Banco de España", explicó Whanon. Preguntado si la exigencia de saneamientos por el Banco de España no respondía a un cambio de criterio de éste y a una "mayor prudencia", el testigo contestó que no. A preguntas de Juan Sánchez-Calero, abogado de Conde, el testigo ratificó que tras la intervención de Banesto se le dio una información más amplia.

El fiscal Luis López Sanz inquirió si dicho plan podía considerarse un "anticipo de provisiones", como sostiene Conde, a lo que Whanon dijo: "No. Las pérdidas son las que son".

El informe de los peritos se anticipa al 31 de mayo

A falta de testigos, entre desaparecidos, enfermos y renuentes, la prueba pericial del caso Banesto empezará el próximo 31 de mayo con la comparecencia de los peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Juan Román y Juan Carlos Monje. Ambos se prestarán a las preguntas, tanto del ministerio fiscal y las acusaciones, como de las defensas. Tras la declaración de ambos, que llevará varias sesiones, se someterán a interrogatorio los peritos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Por último testificarán los peritos designados por el presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, según una propuesta de la defensa de Arturo Romaní, y nombrados más tarde por el juzgado de instrucción. Ayer, Jaime Domingo Cedeño, citado por segunda vez a prestar declaración, no compareció. Según un escrito presentado a la sala de lo Penal, sección primera, Cedeño alegó sufrir hipertensión y problemas cardiacos por lo cual su médico le aconsejaba abstenerse de realizar un viaje durante 15 días. Otro testigo panameño, José Alberto Toto Álvarez, abogado, no fue localizado por Interpol para comunicarle su citación.Todavía quedan algunos testigos por declarar, como es el caso de algunos relacionados con la trama suiza del caso. En principio estaba fijada una videoconferencia el 31 de mayo para algunos de ellos. Pero se ha aplazado. Otros, como Violy de Harper, declararán en junio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de mayo de 1999

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