Un desaparecido en la democracia argentina

El comisario Pedro Klodczyk, exjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, comentaba hace dos años con total desparpajo qué agente, en un momento de nerviosismo, no ha vaciado su cargador sobre un delincuente. Fue destituido antes de la reforma del cuerpo de finales de 1997. El gobernador de la provincia y candidato peronista a las elecciones presidenciales del próximo octubre, Eduardo Duhalde, decía en 1996 que Klodczyk era el mejor jefe de la mejor policía del mundo.Dos agentes de este cuerpo acaban de ser condenados a cadena perpetua por la desaparición, tortura y muerte del estudiante de 23 años Miguel Bru, en agosto de 1993. Su cuerpo nunca fue hallado. Tras seis años de reclamaciones de la familia, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, ha emitido un fallo que sienta un precedente de primera magnitud al condenar por homicidio sin haber encontrado el cadáver. Es un primer paso para los casos "en los que se ha hecho desaparecer el cuerpo en busca de impunidad", sostiene el penalista Gustavo Bobbio. Viene a la memoria el juicio en 1985 a los comandantes de la dictadura, en el que los Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini fueron condenados, entre otros delitos, por homicidio sólo en los casos en que apareció el cuerpo.

La dureza de la condena a los autores (el subcomisario Walter Abrigo y el sargento Justo López) contrasta con la benevolencia -dos años de cárcel- aplicada a los jefes y encubridores (el comisario Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto). Pero no hay duda de que es un avance en "el proceso de desarticulación de la impunidad", según Gustavo Palmieri, coordinador del programa de violencia institucional y derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La organización y Human Rights Watch/Americas han elaborado un estudio con 42 casos documentados de brutalidad policial.

El gatillo fácil es habitual entre los agentes, señala Palmieri. Miguel Bru no era un delincuente, ni un terrorista, ni siquiera un sospechoso. Fue detenido después de una denuncia de los vecinos que se quejaban del volumen de la música. A los agentes se les fue la mano en las torturas. "Para la mentalidad del policía Bru no es inocente. Es un chico molesto a quien hay que dar una lección", opina el coordinador del CELS.

Cada una de las 24 provincias argentinas tiene su organización policial, además de la Policía Federal. "No se puede evaluar la actuación policial de una manera única", dice el fiscal Luis Jorge Cevasco. "Nos encontramos ante distintas organizaciones policiales más o menos violentas. Por ejemplo, la provincia de Mendoza registra muchos casos de brutalidad, con homicidios que han significado incluso la condena del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos". En la provincia de Buenos Aires, añade Cevasco, la policía ha sido históricamente algo así "como el sheriff del Oeste, que manejaba la investigación judicial y la prevención. Eran amos y señores".

Las fuerzas de seguridad pueden detener por unas horas sin orden judicial a todo sospechoso para "averiguación de antecedentes", lo que les permite manejar negocios como la prostitución, la venta ambulante o la recolección clandestina de basura, que mueven elevadas sumas. Cevasco trabajaba como juez de instrucción en la eliminación de esa facultad de la policía en 1990 cuando fue objeto de un atentado. "Me hicieron saber que eran ellos", recuerda.

Corrupción policial

A partir de la detención sin orden, "se desencadenan los hechos delictivos", explica Palmieri. "Los tratos con delincuentes para repartirse el botín" generan una estructura de corrupción vinculada a la violencia. La legislación ha recortado el margen de actuación de los agentes, lo que provoca mucha resistencia. "Hay casos de pasividad policial para volver a las estructuras anteriores", dice Cevasco, que llama la atención sobre la complacencia de los tribunales con los casos de violencia policial. Un dato: "En un estudio sobre los cuatro primeros años de vigencia del actual Código Penal (1992-1996) hubo 1.700 denuncias de abusos policiales. Tres pasaron al juicio, y una tuvo condena. Sigue ocurriendo lo mismo, las denuncias mueren en la instrucción".

Muy pocas veces la justicia sortea, como ha hecho en el caso Bru, las maniobras de los autores del crimen, que hicieron desaparecer el cadáver y borraron las pruebas. "La versión falsa parte siempre de la policía", subraya Palmieri. "Los jefes políticos salen en defensa de la institución, se fabrican delitos para incriminar a determinadas personas y se amenaza a los testigos". Varias de las 160 personas que declararon en el juicio oral del caso Bru han desaparecido de los lugares que solían frecuentar.