Trabajo quiere impulsar la movilidad geográfica de parados

El Plan de Empleo de este año dispondrá de unos fondos de 1,49 billones de pesetas, de los que 505.817 millones se destinan a políticas activas y 290.570 millones a bonificaciones a la contratación fija. Una de las medidas de Trabajo pretende impulsar la movilidad geográfica de parados hacia zonas que tienen ofertas de empleo que no se cubren por una insuficiente mano de obra, especialmente en la agricultura, la construcción y el turismo. Eso se hará en el marco del diálogo entre empresarios y sindicatos.

El proyecto de promover la movilidad geográfica entre los parados pretende facilitar su traslado hacia zonas con mayor demanda de empleo y para cubrir tareas de temporada. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quiere que eso se aborde en el diálogo entre empresarios y sindicatos.Se trata, por ejemplo, de que empresarios agrícolas de La Rioja o los de la fresa de Huelva concreten las necesidades de mano de obra que tienen en periodos punta, y que no pueden atender porque en sus localidades no hay parados suficientes para atenderlas. La idea es poner en común la información del grupo de empresarios que necesitan un número determinado de trabajadores y las zonas donde hay parados para acudir a esas tareas.

Para ello el Gobierno elaborará un mapa con los lugares en los que se necesita más mano de obra y se limitará a tutelar cómo los empresarios afectados y los sindicatos se ponen de acuerdo para movilizar trabajadores de zonas con un desempleo elevado a otras con exceso de ofertas de empleo. Es un proyecto que se está esbozando y que se acometerá inicialmente en dos o tres provincias, principalmente centradas en el sector agrícola.

Los datos de Trabajo indican que esas necesidades de mano de obra se están produciendo en los sectores agrícola y de la construcción, el turismo o en demandas estructurales de la industria mecánica. Para facilitar los traslados, el ministerio tiene previsto pagarles los desplazamientos en tren.

Ese proyecto se recoge en el Plan de Empleo de 1999 que el Gobierno presentará en Bruselas el día 25, tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes, y que recibió ayer el apoyo de todas las comunidades autónomas, con "el respaldo crítico" de las gobernadas por los socialistas (Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura). Movilizará 1,49 billones de pesetas y en formación ocupacional de parados se gastarán 134.289 millones; en formación continua de trabajadores ocupados, 103.681 millones; en formación combinada con empleo, 62.635 millones; en fomento y gestión del empleo, 173.461 millones, y en otras actuaciones de políticas activas de empleo, 31.751 millones.

Ayudas a empresas

El presupuesto oficial incluye también la dotación de 256.000 millones de la formación profesional reglada que coordina el Ministerio de Educación, así como los 400.000 millones de la línea de créditos ICO, destinados a las pequeñas empresas (pymes); 1.500 millones en créditos participativos y 40.000 millones en sociedades de garantía reciproca. Los restantes 290.570 millones de pesetas corresponden a bonificaciones a la contratación fija que reciben los empresarios mediante reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El conjunto del plan está dividido en cuatro pilares básicos: mejorar la capacidad de inserción profesional de los parados, facilitar la gestión a las empresas, fomentar la adaptación de empresas y trabajadores y reforzar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En concreto, las políticas activas prevén la puesta en marcha de 1,5 millones de actuaciones de formación y orientación profesional para 900.000 parados, según los datos facilitados por el departamento de Trabajo.

Pimentel cree que las actuaciones más importantes, por su capacidad de generar un mayor número de puestos, son las iniciativas locales de empleo, que promueven los ayuntamientos.

Entre las novedades del plan de este año figura el denominado "compromiso voluntario de actividad", que consiste en un acuerdo entre un parado y el Inem en el que el primero se apunta en una lista de máxima actividad, comprometiéndose a aceptar cuantas propuestas de formación y empleo le realice el instituto público. Está previsto que el primer año de puesta en marcha afecte a 50.000 parados. También se incluye la idea de poner en marcha tutorías para aquellos desempleados con más problemas para acceder al mercado laboral, que en una primera fase de funcionamiento puede beneficiar a 150.000 personas.