Frente al muro

LOS CRITERIOS que quiere aplicar la Comisión de la Unión Europea para autorizar las ayudas eléctricas constituyen, en primer lugar, una reivindicación de las posiciones que en España defendió con tesón e imparcialidad el ex presidente de la Comisión Eléctrica Miguel Ángel Fernández Ordóñez para oponerse a lo que consideraba excesivo volumen de dinero concedido a las empresas y después a la titulización de los 1,3 billones de pesetas. También constituye un revés severo y sonoro a quienes, como el ministro de Industria, Josep Piqué, o el propio vicepresidente Rodrigo Rato, pretendieron descalificar los abundantes argumentos técnicos de Fernández Ordóñez en contra de la cuantificación y forma de pago de los famosos Costes de Transición a la Competencia (CTC) con acusaciones de parcialidad -algunas ofensivas- y supuestos errores en los cálculos. Si la metodología que la Comisión ha comunicado al Gobierno español se aplica tal como está hoy redactada -algo improbable, porque en la reunión convocada para el 14 de junio se multiplicarán las presiones para dulcificar el texto-, las eléctricas españolas no sólo deberían conformarse con menos de 1,3 billones, sino que probablemente no recibirían una sola peseta.La metodología europea constituye, además, un desmentido tajante a la pretensión de las empresas eléctricas, expresadas en algún caso con tono desafiante, de que les asiste el derecho a percibir una compensación por el cambio desde un régimen eléctrico regulado a otro liberalizado. La Comisión deja claro que no reconoce derecho alguno a las rentas obtenidas en el mercado regulado anterior; establece que las ayudas públicas -porque de eso se trata, las pague el Estado o el consumidor- están rigurosamente vinculadas al impacto económico demostrable que tenga la liberalización del mercado eléctrico sobre la cuenta de resultados de las empresas y condicionadas a que, sin ellas, la viabilidad empresarial esté en peligro. Mal pueden cumplir tales requisitos compañías cuyos beneficios anuales superan los 100.000 millones de pesetas. Por si esto fuera poco, el método de cálculo que desea aplicar la Comisión, el que en España defendió Fernández Ordóñez para oponerse a la titulización de las ayudas, implica una revisión anual que produciría ayudas muy pequeñas o inexistentes.

Al margen de los intereses particulares de las eléctricas, que han defendido para sí compensaciones más que billonarias a pesar de sus cuentas de resultados, el Gobierno es el responsable de este fiasco. A la espera de lo que suceda el 14 de junio. El Ministerio de Industria de Josep Piqué tenía la obligación de saber que la Comisión difícilmente admitiría el pago de ayudas globales a empresas con semejantes beneficios; que Bruselas ignoraría conceptos que no fueran el de exención a la competencia o ayuda pública, y que rechazaría plazos tan largos como los más de diez años fijados para los CTC.

Piqué y su equipo han enfocado pésimamente este asunto. De entrada, negociaron con las eléctricas unas compensaciones que cualquier espectador imparcial calificaría de abusivas, sin tener en cuenta las opiniones de los consumidores; después, ignoraron las advertencias de la Comisión Eléctrica, cuyo presidente se hartó de predicar en el desierto en contra del extraño método de cálculo de los CTC y del fraude de hecho que suponía titulizar una parte de ellos, y, para terminar, Industria ha actuado políticamente de forma autista, como si la Comisión no tuviese que decir la última palabra sobre tan billonaria exacción en España. Sin mencionar la fea maniobra de meter de tapadillo una enmienda en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto para garantizar una aprobación rápida y sin el conocimiento de los usuarios de la enmienda que permite la titulización, es decir, cobrar por adelantado parte de las ayudas.

Pues bien, el Gobierno que tanto defendió métodos tan discutibles, con Piqué a la cabeza, está ahora frente al muro de la Comisión. Es significativo que las pocas iniciativas que se han tomado para proteger la competencia en España provengan de Bruselas. Este Gobierno bastante tiene, al parecer, con afanarse en entregar a determinados grupos de presión todo lo que le solicitan.