Una justicia nueva

Las enmiendas constitucionales, en un país con un desempleo cercano al 50% y una pobreza del orden del 82%, incluyen la desaparición del temible Estado Mayor Presidencial (EMP), cuerpo de élite encargado de la seguridad del jefe del Gobierno, que pasará a depender de cuerpos policiales civiles a partir del 14 de enero del año 2000.El 38% de las modificaciones afecta al Poder Judicial, y su objetivo es lograr una justicia más "rápida, objetiva e igualitaria". La Unión Europea ha ofrecido a Guatemala 30 millones de dólares (4.500 millones de pesetas) para este fin.

Los mayores de 18 años podrán elegir el servicio militar o social; la seguridad interna dependerá de la policía, y la externa, del Ejército; el Congreso supervisará los servicios de espionaje.