Jugando con fuego

LA AGENCIA Tributaria, de la que es directo responsable el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, está transmitiendo día a día a los contribuyentes una sensación de desorden y caos creciente, impropia de una institución del Estado encargada de recaudar los impuestos, que en una democracia debe regirse por los principios de equidad y confidencialidad.Es una negligencia grave de sus gestores que se mantenga una pugna interna permanente de los responsables políticos de la Agencia con los inspectores; más aún en periodo de declaración de la renta. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse qué fiabilidad tiene la institución que les pide cumplir con sus deberes si sus directivos y funcionarios andan siempre a la greña, con cambios permanentes en los puestos de responsabilidad, desacuerdos profundos y públicos sobre la estrategia de lucha contra el fraude y acusaciones de politización de la Agencia. Ante el escándalo de Huguet y Aguiar, los inspectores coinciden con la opinión pública en denunciar la incapacidad de Hacienda para transmitir confianza en la profesionalidad de quienes manejan la información fiscal.

Desde la Agencia se anuncia la puesta en marcha de grandes planes para facilitar la declaración del IRPF por teléfono que después son incapaces de cumplir, sin que se facilite ninguna explicación a los afectados. Y un incidente tan grave como el intento de robo en la sede de la Oficina Nacional de Inspección de Barcelona (ONI) se zanja con un breve comunicado en el que se asegura que los expedientes de Aguiar y Huguet no estaban en esa oficina, como si el resto de contribuyentes no tuviera derecho a una explicación.

Otro acontecimiento de extrema gravedad es la filtración de los expedientes fiscales de Mayte Arqué, candidata del PSC a la alcaldía de Badalona, y de Agustín Conde, alcalde de Toledo y candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha por el PP. ¿Cómo es posible que sus expedientes se filtren a la prensa sin que se abra automáticamente una investigación a fondo y se sancione a los responsables? ¿Acaso puede navegar cualquiera por el ordenador de Hacienda sin dejar rastro? Las relaciones con Hacienda son confidenciales y deben estar protegidas por el contrato de confianza de los contribuyentes con el Estado, que está obligado a garantizar la privacidad. Desde la escandalosa manipulación que hizo este Gobierno a cuenta de los 200.000 millones perdonados en la etapa socialista ha habido un sospechoso tráfico de expedientes fiscales. Si los gestores políticos no ponen fin al desorden endémico de la Agencia, y prefieren mirar para otro lado, estarán socavando la base de todo el sistema tributario, que no es otra que la confianza de los contribuyentes.