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Los ecologistas llevan a Castellá al fiscal por no dar información ambiental al Síndic de Greuges

Varios grupos ecologistas consideran que Medio Ambiente, con el consejero José Manuel Castellá a la cabeza, lleva años violando reiteradamente el derecho de los ciudadanos al acceso a la información ambiental al desoír múltiples peticiones de datos verdes. Un desdén que, a su juicio, también ha sufrido el Síndic de Greuges cuando los solicita amparando sus peticiones. Ayer, cuatro grupos conservacionistas denunciaron ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los responsables medioambientales por desobedecer al Síndic y a éste por no iniciar medidas legales.

Los representantes de Ecologistas en Acción (la macroorganización que aglutina desde el año pasado a gran parte de los grupos españoles, antes miembros de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental), del Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA, vinculado a Esquerra Unida), del Centre d"Aqüicultura Experimental y de la Societat Valenciana d"Ornitologia presentaron ayer a mediodía su denuncia dirigida al fiscal jefe del TSJ. En ella, exponen cómo en múltiples ocasiones han solicitado datos, estudios o expedientes que afectan al medio ambiente de la Comunidad. Justifican que la finalidad de sus organizaciones es la defensa de la naturaleza y que la ley 38 de 1995 sobre el Derecho del Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente ampara sus demandas, que suelen presentar por registro oficial de entrada de documentos. Sin embargo, aseguran que, "en aquellas ocasiones que de la información solicitada se pueda deducir alguna irregularidad, la Consejería ofrece el silencio como respuesta". Es entonces cuando, "agotado el plazo sin haber obtenido respuesta" de la consejería y "de acuerdo con la ley del Síndico de Agravios", los ecologistas han solicitado amparo al responsable de este departamento, Luis Fernando Saura, que siempre ha iniciado el correspondiente expediente. "Sin embargo", dice la denuncia, "la Consejería de Medio Ambiente tiene por norma no contestarle dentro del plazo de 15 días establecido por el artículo 18.1 de la citada ley [la del Síndic] y, en los casos que de la información solicitada se puedan desprender ilegalidades de su actuación, no le contesta o lo hace ofreciendo información distinta a la solicitada". De una forma amplia, esta situación ha sido denunciada por el propio Síndic, que en su informe anual se suele quejar de la poca colaboración que le ofrecen muchas administraciones, sobre todo ayuntamientos. Sin embargo, a juicio de los ecologistas, no contestar al Síndic implica un delito de desobediencia por lo que se quejan a la fiscalía de que "la Sindicatura jamás ha cumplido con el mandato establecido en el artículo 24.2 y 25" de la ley, que ordena poner de inmediato estos hechos "en conocimiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia". Aunque las organizaciones denunciantes explican que el comportamiento irregular de la consejería es harto frecuente y que la pasividad del Síndic también es reiterada, la denuncia se basa en unos hechos concretos. Así, IDEA pone como ejemplo múltiples demandas (desde julio de 1997) de información sobre la naturaleza del marjal de Massamagrell, sobre el que pesa la amenaza de una urbanización ahora paralizada por la juez de dicho municipio. Y más recientemente, varios documentos entre IDEA y el Síndic en los que éste reconoce que la consejería no le responde y el instituto le recuerda que debe denunciar ante el fiscal. La Societat Valenciana d"Ornitologia aporta a la denuncia otras seis quejas ante el Síndic tras las que éste ha sufrido el ninguneo de la consejería. Y el Centre d"Aqüicultura Experimental incorpora otras cuatro. Por esto, los ecologistas hacen lo que el Síndic no ha hecho, denunciar por desobediencia a la consejería. Y lo mismo con el Síndic, en este caso por "el incumplimiento de su deber legal" que, esgrimen, da "cobertura a las ilegalidades" del departamento de Castellá.

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