Universidades: ¿qué estrategias para el cambio? JOSEP M. VALLÈS

En menos de una semana, tres foros diferentes se han ocupado de nuestras universidades. Están presentes también como temas estrella en programas de varios líderes políticos, aquí y fuera de aquí. Y basta con hojear la publicidad de un periódico como éste para percibir que la formación superior es hoy un servicio ofrecido por entidades públicas y privadas en multitud de formatos y con abundancia de anuncios. Dos buenos documentos sobre el asunto -preparados por las fundaciones Bosch i Gimpera y Círculo de Economía y por la ASU, Associació Socialista Universitària- han salido a la luz hace pocos días. Van más allá de una perorata genérica. Pese a su origen diverso, apuntan líneas de trabajo no del todo dispares. Ambos textos respiran una satisfacción bien fundada por los resultados de la LRU. Entre 1983 y 1998, la mayoría de las universidades han evolucionado positivamente. La cooperación internacional muestra que gran parte de nuestros estudiantes, investigadores y profesores no desmerecen de sus colegas cuando salen de nuestras fronteras. Por ello, al mirar hacia atrás y valorar estos últimos 15 años, el balance es razonablemente satisfactorio. A pesar de carencias e improvisaciones, los puntos negros -que los hay- no emborronan el conjunto. Pero ¿qué ocurre al mirar el futuro? En los textos citados se llama la atención sobre los nuevos desafíos. Por una parte, un declive demográfico que dejará vacías muchas plazas universitarias destinadas a estudiantes de la enseñanza secundaria. En Cataluña, este sobrante permitiría suprimir a medio plazo -en términos crudamente cuantitativos- alguna de las universidades recién creadas. Por otra parte, está en marcha una globalización de la formación e investigación: nuestras universidades han de competir, no sólo entre ellas, sino con universidades extranjeras y con otras instituciones privadas. Es imparable, finalmente, la exigencia de más calidad y mayor eficiencia, sin perspectivas de un gran incremento de la financiación pública por parte de gobiernos muy reacios a aumentar la presión fiscal. ¿Tienen conciencia de ello los actores políticos, sociales y universitarios? ¿Estamos preparados para cambios de estrategia? Que se plantean retos muy diferentes a los de ayer parece asumido, al menos en el discurso oficial de los actores. Menos claras están las estrategias promovidas para afrontarlos con éxito. Algunos sectores universitarios siguen apostando por una salida básicamente incrementalista: todo -o casi todo- se fía a que se vuelquen más recursos sobre el sistema. Es cierto que la comparación con otros países de nuestro entorno muestra mayor generosidad en la financiación pública. Pero es de temer que esta justificable reclamación chocará con la frialdad de los gobiernos, menos sensibles a las razones de calidad a medio y largo plazo que a los llamativos titulares de prensa de años pasados: leer "miles de aspirantes sin plaza en la universidad" o "grave masificación de las aulas" les obligaba a ágiles -aunque no siempre razonables- reacciones. Los documentos confirman que la situación exige ahora estrategias más complejas y señalan algunas condiciones para desarrollarlas. Por ejemplo, la colaboración entre universidades y otros actores sociales o la revisión del modo universitario de tomar decisiones. La contribución que los agentes sociales pueden -y deben- hacer al sistema universitario ha de ser reforzada, perfeccionando los mecanismos de información y colaboración entre universidades, entidades sociales, profesionales y sindicales, empresas y administraciones. Faltan aún incentivos que faciliten un engarce ligero y rápido entre conocimiento e intervención social y económica. En la sociedad del conocimiento, la formación continuada y a la carta o el trasvase permanente entre investigación y aplicación tecnológica son indispensables para satisfacer las demandas de solidaridad social y competitividad económica.