Inquietante

FÉLIX BAYÓN De vez en cuando leo en el diario Sur de Málaga noticias sobre las quejas de los fiscales de la Audiencia de esa ciudad. Se lamentan de que deben de compartir despacho entre muchos. Vista la actividad que desempeñan, más bien parece que lo que reclamasen fuera un rincón para rellenar la quiniela con suficiente intimidad o un lugar para hacer la siesta. En los últimos años vienen pasando cosas muy graves en la Costa del Sol y los no muy sagaces fiscales de la Audiencia no se dan por enterados. Si los fiscales de Chicago hubieran sido así, hoy Al Capone estaría en los altares. Cualquiera diría que se limitan a cumplir las estadísticas y que todo lo demás va a parar al archivo. Afortunadamente, no faltan yonquis chapuceros que, por falta de conocimiento del Código Penal, se convierten en candidatos a completar la estadística. Lo de estos fiscales no se sabe si es falta de sagacidad, de moral de combate o, simplemente, de moral. Lo cierto es que, hasta que apareció la fiscalía anticorrupción, es como si nada hubiera ocurrido en Marbella. La coincidencia del fiscal Castresana y del juez Santiago Torres ha estado a punto de acabar con el sesteo de la justicia en la Costa del Sol. Castresana y Torres han actuado como auténticos aguafiestas. Hasta ahora nadie se escandalizaba de que hubiese magistrados que tenían a sus esposas y a otros familiares desempeñando cargos a dedo en empresas presididas por Jesús Gil. Tampoco había quien se alarmase por la suerte que siempre acompañaba a Gil en los juzgados. Pero, con un poco de suerte, pronto volverán a sestear fiscales y magistrados. El juez Torres puede verse privado de la instrucción del caso que llevó a la cárcel al alcalde de Marbella si así lo decide la decana de los juzgados de esta ciudad, Pilar Ramírez, lo que abriría el camino a la declaración de nulidad de la instrucción. Eso si el Consejo General del Poder Judicial no decide antes la recusación de la juez. Lo más probable es que no lo haga. El Consejo ya archivó hace seis meses un expediente contra ella por considerar que las actividades mercantiles de su padre y de su hermano eran insignificantes. La justicia es misteriosa: robar un radiocasete puede ser grave y, en cambio, es insignificante que el padre de la juez haya hecho convenios con el Ayuntamiento de Marbella de los que -gracias al diario El Mundo- se conoce el pago de al menos un cheque de 50 millones emitido por un banco suizo. También es insignificante que el padre de la juez -antiguo secretario judicial- se codee con sospechosos de pertenecer a grupos mafiosos. Tampoco es significante que la juez, de la que depende el reparto de asuntos en los juzgados marbellíes, acumule la inmensa mayoría de las cuestiones que son conflictivas para el ayuntamiento, ninguna de las cuales ha llegado hasta ahora a prosperar. Ni que pusiera en manos de un empleado de Gil la administración judicial de Puerto Banús, que depende de una empresa que es propiedad de uno de sus más importantes rivales. Ni que Gil -acusado de malversación en libertad bajo fianza- haya salido estos días en su defensa. No me cabe duda -válgame dios- de que todo es completamente legal y de que la juez y hasta su padre -a pesar de sus malas compañías- son personas honorables. Pero, ¿a que resulta muy inquietante?