El juez decano de Bilbao culpa a la conflictividad política de la movilidad en la judicatura

El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, culpó ayer al clima de conflictividad social y política que se vive en Euskadi de la "alta movilidad" que sufre la judicatura. En la actualidad, 18 plazas en juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia permanecen vacantes a la espera de un titular. "La movilidad es el problema más grave al que se enfrenta la Justicia vasca", zanjó.

La reflexión de González se produjo en la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vasco, donde había acudido junto a varios miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco para explicar algunos detalles de la Memoria Judicial de 1998. Es la primera ocasión que el Superior interviene en sede parlamentaria. El diputado socialista Víctor García inquirió al presidente del tribunal, Manuel María Zorrilla, sobre la "alarmante movilidad" de jueces y magistrados durante el año pasado, que figura reflejada en la memoria. Hasta 53 cambios de plaza se llegaron a producir el año pasado sobre una plantilla de 180, la mayor parte de ellos, de jueces que se marcharon fuera de Euskadi. Zorrilla intentó restar transcendencia a este hecho. Según el presidente del tribunal, vista en frío, la cifra puede despertar "cierta intranquilidad", pero recalcó que hay que conjugar "la realidad socio-política que se vive en el País Vasco con las preferencias personales de los propios jueces". "Muchos miembros de la judicatura han optado por seguir en Euskadi, pero otros han preferido irse fuera", explicó. Tras esta intervención, y de manera un tanto sorprendente, tomó la palabra el juez decano de Bilbao. Su intervención fue breve -no duró más de un minuto-, rotunda y no dejó lugar a las dudas: "No se dan condiciones políticas y sociales para que los jueces trabajen aquí [en Euskadi]. Muchos jueces vascos desempeñan funciones en el resto de España". Pero González fue más allá. "Las medidas lingüísticas, entre ellas introducir el euskera como mérito para cubrir plazas o para acceder a traslados, aunque sea bien intencionado, puede tener un efecto perverso y negativo en la calidad de la justicia, sobre todo en niveles de base", afirmó. El presidente del TSJPV también hizo alusión a la situación de la traducción, después de la intensa campaña desarrollada en contra de este sistema por parte del Sindicato de los Abogados Euskaldunes durante el año pasado. Según Zorrilla, "la situación está superada". "La utilización de la traducción garantiza la tutela judicial, pero la incorporación paulatina del euskera mejorará aún más esa tutela", indicó. El parlamentario del Partido Popular Antón Damborenea esgrimió que sólo el 1% de las actuaciones que tramitan los juzgados se realiza en euskera, lo que, a su juicio, demuestra la "escasa incidencia que tiene la lengua vasca en la justicia del País Vasco". Zorrilla señaló que la repercusión del problema de los traductores ha sido desproporcionada al peso real del euskera y achacó la incidencia a la presencia de otro tipo de "intereses". Atasco en el Contencioso Durante la sesión parlamentaria también compareció el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, Enrique Torres López de la Calle, quien se quejó de la situación de atasco que sufre este órgano judicial. En los dos últimos años el aumento de los nuevos casos se ha disparado: de los 5.347 que se registraron en 1996 se pasó a los 6.707 (un 25% más) en 1997 y a los 15.926 del año pasado (un 137% más). Esta notable subida se corresponde con la presentación de 10.000 recursos por parte de los profesores de la red pública vasca reclamando el complemento de destino. En la actualidad, hay acumulados 24.601 casos pendientes de resolución.