Foso sanitario

SI ALGO se desprende con claridad del informe anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado a conocer estos días, es la existencia de un preocupante foso sanitario entre los países ricos y los subdesarrollados o en vías de desarrollo. El hecho, evidentemente, ya se sabía, pero cuando se traduce en cifras no deja de impresionar: más de mil millones de habitantes de este planeta no pueden beneficiarse de las mejoras sanitarias logradas en el siglo XX y sólo un 10% de las inversiones mundiales en investigación sanitaria -públicas y privadas- se dedica a resolver los problemas de salud del 90% de la población mundial.Pero el informe de la OMS no se limita a constatar con cifras la profunda y extendida desigualdad sanitaria. También hace un diagnóstico sobre los principales problemas de salud que afectarán a los países ricos y pobres en los próximos decenios. Mientras los primeros tendrán que vérselas con males no contagiosos, como las cardiopatías, las depresiones o los derivados del tabaquismo, los segundos tendrán que seguir peleando -y muriendo- con enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, el cólera y, sobre todo, la malaria y el sida. Especial gravedad adquiere para la OMS -en muertos y en costes sanitarios- el consumo de tabaco. No es extraño que la OMS se muestre beligerante frente a una industria empeñada en compensar el creciente rechazo al tabaco en los países ricos con la invasión de los subdesarrollados.

La enfermedad es un riesgo inherente al ser humano. Pero no lo es la existencia de desigualdades tan profundas como las que denuncia la OMS para su prevención o curación. Un reparto equitativo de salud en el mundo exigiría, en principio, una mayor transferencia de solidaridad de los países ricos a los pobres para prevenir la infección de los males -la malaria y el sida, en primer lugar- que diezman a sus poblaciones. Pero sobre todo hace falta una especie de concertación sanitaria entre los organismos internacionales de salud y los Gobiernos del mundo, en especial los más poderosos, para cuidar de que las poblaciones -también las que viven en la llamada sociedad de la opulencia- tengan garantizada una cobertura pública de su salud a resguardo de las leyes del mercado.