Un juez declara prescrito el caso por las inundaciones de 1983 en Sollana

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia ha declarado prescrito el delito de imprudencia temeraria del que se acusaba a cuatro ingenieros de Renfe y uno del entonces Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones por las inundaciones que sufrió Sollana (La Ribera Baixa) en 1983. En su decisión, el magistrado, Enrique Nieto, arguye que la investigación del caso "ha estado paralizada durante más de tres años", periodo en el que la ley declara prescrito un delito que implica penas de multa de entre tres y nueve meses. En este sentido, el juez recuerda parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y subraya que durante "más de cuatro años" únicamente existe "un escrito de la acusación particular" preguntando "los motivos de la paralización" del caso. En consecuencia, y haciendo suyos los argumentos del letrado de la compañía estatal, del abogado del Estado -presente en el procedimiento por la posible responsabilidad civil subsidiaria de los poderes públicos- y del fiscal, el juez archivó el caso. La investigación de la denuncia comenzó en 1984. Decenas de propietarios de Sollana sufrieron importantes pérdidas en terrenos de su propiedad a causa de las fuertes lluvias. Según los denunciantes, agrupados en la Asociación de Damnificados de Sollana, las obras realizadas por Renfe en 1974, complementadas por las ejecutadas por el Gobierno central en 1983, facilitaron el desastre. En su opinión, la vía del tren fue elevada respecto al nivel del suelo, por lo que el agua se estancó entre la línea ferroviaria y la carretera nacional. La falta de salida natural inundó varias hanegadas de terreno, con las consiguientes pérdidas para los dueños de los terrenos, varios de ellos agrícolas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sueca se encargó del caso en 1984. En diciembre de 1988, lo remitió a la fiscalía para que el ministerio público emitiera un informe que no llegó hasta enero de 1992, y el auto de apertura de juicio oral no se decretó hasta mayo de 1996. Trece años después de unas inundaciones cuyos efectos son conocidos, no así sus causas. El juicio que se iba a celebrar tras la denuncia presentada hace más de tres lustros fue suspendido, para dilucidar la prescripción del delito, el pasado 27 de abril, pese a que la acusación particular solicitó la celebración de la vista. La Asociación de Damnificados de Sollana ha recurrido la decisión del juez.