Las empresas investigadas operaban con inmuebles, y sus directivos estaban relacionados con De la Rosa

Las actas de Hacienda posiblemente irregulares entregadas hasta ahora se refieren a tres empresas. En los tres casos los miembros de la inspección que firmaron las actas coinciden, así como las fechas de inspección, siempre entorno a 1992, cuando José María Huguet era el máximo responsable de la misma.Aciesa. Es la más conocida de las tres. Fue utilizada por De la Rosa y Folchi para el pago de comisiones y la ocultación de beneficios en operacionesi inmobiliarias de terceras personas y empresas. En 1989 declaró pérdidas de 8.500 millones de pesetas y el acta de inspección, firmada por Manuel Abellá y ratificada por Roger Bergua, le reclamó 500.000 pesetas. La empresa firmó el acta en conformidad. El mismo día se firmaron también las de 1990 y 1991. En total, poco más de 10 millones de pesetas. Posteriormente los administradores de Aciesa fueron inculpados en todos los casos judiciales relacionados con De la Rosa: Grand Tibidabo, Torras y Londres.

Entre sus administradores de la época figura Josep Maria Massó Cavallé, quien también administraba la sociedad Caos, utilizada por De la Rosa para la compra y venta de acciones del grupo Torras.

Aciesa participó en numerosas operaciones relacionadas con la venta de inmuebles algunas de ellas a la Generalitat, como en el caso de un edificio para los Mossos d"Esquadra, la sede del Departamento de Medio Ambiente, e instalaciones universitarias.

Beaming. Su objeto social era el negocio inmobiliario. Entre sus administradores figuraban Luis Cierco, que también lo fue de Aciesa, y Emilio Mialet, que llegó a ser secretario de Quasar, una empresa de seguridad que De la Rosa fundó cuando estaba en Torras. También figura Francisco Ibáñez, fallecido, a quien De la Rosa atribuyó el cobro de comisiones en la venta de un edificio a la Generalitat.

Lodeve. Administrada por Daniel Miquel Bernardo. Su apoderado era Enrique Val Lacasa. La empresa formaba parte del entramado de sociedades del grupo Urbas del que Daniel Miquel fue consejero delegado. Urbas era propiedad de Eduardo Bueno Ferrer, íntimo amigo del juez Pasqual Estivill, procesado por extorsión, y de De la Rosa. Este último financió la campaña de Bueno a la Generalitat de Cataluña en el año 1984 en las listas de Alianza Popular (AP), antiguo nombre del Partido Popular (PP) y recibió cuantiosas ayudas del financiero en su época de vicepresidente del banco Garriga Nogués, a principios de los años ochenta.

Posteriormente, Urbas pasó a manos de Ramon Fiter, encarcelado en el caso Tibidabo y estrechamente relacionado con el abogado Juan Piqué Vidal, quien durante muchos años gozó de gran influencia en Hacienda. "Sólo le faltaba llevarse el sello de la inspección a casa", han asegurado varias fuentes.