El Gobierno apoya que la Cope recurra contra la decisión de Pujol

El Gobierno, según su portavoz, Josep Piqué, encuentra "chocante" la decisión de Pujol de retirar tres licencias de radio a la Cope y entiende lógico que la empresa recurra. "Un recurso que debiera ir acompañado del correspondiente informe del fiscal". "Habrá una opinión del ministerio público", anunció Piqué, quien considera que Pujol debe explicar su frase de que la libertad de expresión no admite la mentira.

El Gobierno no discute la competencia de la Generalitat para decidir sobre estas frecuencias, pero "es difícil de entender que suponga cerrar emisoras en funcionamiento hace 75 años", dijo Piqué tras la reunión del Consejo de Ministros. Su colega Isabel Tocino, interpelada por periodistas de la Cope como "tertuliana" de esta cadena se manifestó, en términos contundentes, contra "semejante decisión". Javier Arenas, secretario general del Partido Popular, espera una "rectificación inmediata".Un portavoz del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) manifestó ayer a este diario que no se pronunciará sobre esta polémica porque no entra en sus competencias y carece de información oficial. El que la Generalitat no haya consultado formalmente al CAC dará pie a Iniciativa per Catalunya-Els Verds a presentar un recurso basándose en que este organismo ha de ser consultado. CCOO pidió que el poder político no pueda intervenir en estas cuestiones y urgió la creación de órganos de control independientes.

En países como Francia y Gran Bretaña, la facultad de conceder licencias está en manos de una autoridad independiente del Gobierno, aunque éste tenga representantes en ella. En España, el PP se ha resistido a impulsar un modelo similar. Varias asociaciones profesionales de periodistas (FAPE, Colegio de Periodistas de Cataluña) se manifestaron ayer en contra del cierre de las tres emisoras. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, se mostró igualmente partidario de crear una autoridad independiente y vaticinó otro fracaso de Pujol a la hora de organizar desde el poder una red de radio privada afín.

El director de La Vanguardia, Juan Tapia, cuyo grupo ha recibido el mayor paquete de nuevas licencias, recordó ayer en Com Ràdio que la Cope es una cadena que levantaron los obispos durante el régimen franquista y que el caso debe contemplarse desde el enfrentamiento entre los obispados catalanes -que han obtenido dos licencias- y del resto de España por la política informativa de la Cope.

Obispos catalanes

"Si la Cope es la radio de los obispos y los obispos catalanes no piden radios para la Cope sino para ellos... no estamos ante un problema de libertad de expresión sino ante un problema interno de los obispos. Los obispos catalanes ha reclamado una cuota para ellos", añadió Tapia.Ni el arzobispado de Barcelona ni el portavoz de la Conferencia Episcopal, interrogados por este diario, se pronunciaron sobre el conflicto. Sí lo hizo el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, quien acusó a Pujol de amordazar a la opinión pública. "Cuando las ideologías nacionalistas realizan acciones que recuerdan gestos totalitarios, la política está enferma y la democracia en peligro", dijo, tras precisar que el cierre de una radio sólo se justifica si es instrumento de terroristas o delincuentes.

Luis del Olmo, que ha obtenido dos licencias de la Generalitat para su Onda Rambla, manifestó que el cierre de tres emisoras es "el asunto más grave que ha tenido la historia de la radio". Del Olmo posee 14 emisoras que explota asociadas a Onda Cero -cadena que tiene prácticamente cerrada su venta a Telefónica-. El aumento de postes en Cataluña le refuerza de cara a futuras negociaciones: la misma Cope había mostrado interés por Onda Rambla.

Las reacciones se sucedieron ayer en apoyo de la Cope, con la salvedad de Esquerra Republicana, que tachó su política informativa sobre Cataluña de "genocida" y criticó el método empleado por Pujol que no tuvo la "valentía" de llevar a esta cadena a los tribunales. Por su parte, Pujol insistió en que se trata de una decisión técnica sobre unos requisitos que nadie discutió. Un argumento que repitió el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Joaquim Molins, en circunstancias más incómodas, al ser increpado por un grupo de vecinos. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se olvidó del aluvión de críticas que recibió hace un año, cuando su Gobierno decidió el reparto de emisoras en Galicia, y calificó de "muy grave" la decisión de la Generalitat. En marzo de 1998, Fraga concedió 11 nuevas licencias a la Cope en un concurso que fue denunciado por el PSOE ante la fiscalía tras comprobar que la Cope ya tenía preparadas algunas instalaciones antes de conocerse el resultado del concurso.

La Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión, que agrupa 17.000 emisoras, reunida ayer en Washington solicitó que se revise el cierre y defendió una renovación automática de licencias. La Asociación Española de la Radio Comercial se reunirá el lunes.