El Gobierno reconoce que algunas agencias de adopción internacional se enriquecen
Familias de Barcelona y Madrid denuncian por prácticas engañosas a dos entidades legales
La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, alertó ayer contra la proliferación de agencias de adopción internacional y pidió a las comunidades autónomas, de quienes depende su acreditación y control, que vigilen la actividad de estas entidades para evitar que las familias que se ponen en sus manos sean estafadas. Gómez aseguró que algunas de estas agencias "hacen el agosto" a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro.Mientras Gómez hacía estas declaraciones en Madrid, en la presentación del libro Los hijos más deseados, de Pilar Cernuda y Margarita Sáenz-Díez, ambas periodistas y madres adoptantes, tres familias de Barcelona denunciaban públicamente lo que calificaron de "prácticas engañosas" de una de estas agencias legalmente reconocidas y solicitaron a la Generalitat que la expediente e investigue los hechos. Los afectados, que ya han concluido el proceso de adopción en Rumanía, están estudiando emprender acciones legales.
La agencia se denomina Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo (AAIM), tiene su sede en Barcelona y dos delegaciones, en Zaragoza y Logroño. Se trata de una de las nueve Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI) reconocidas por la Generalitat. La administración les otorga uno o, a lo máximo, dos países de actuación. Sin embargo, AAIM está autorizada en Ecuador, Nicaragua, Rumanía, El Salvador y Chile.
Los afectados acusan a la entidad de engañarles, pedirles más dinero durante el proceso de adopción y ocultar el estado de desnutrición y las pésimas condiciones de vida de estos niños.
Consuelo, una maestra de Lleida, asegura que pagó dos millones y medio de pesetas y que, después de meses de espera y varios viajes le ofrecieron un niño con deficiencia mental severa. La entidad aseguraba, antes de que lo viesen sus nuevos padres, que se trataba de un niño normal. Finalmente optó por no quedarse el niño y perdió todo el dinero.
Más duro fue el relato de Francisco Bustos, quien harto de esperar decidió irse a Rumanía a ver a la niña que le habían asignado y comprobó que con 13 meses no pesaba ni seis kilos. Pese a ello, decidió seguir adelante y tras la mediación de su hermano, el diputado autonómico del PSOE Manuel Bustos, le entregaron la niña en buen estado de salud el pasado viernes.
Este diario intentó ayer contactar con la entidad, pero respondió un contestador automático. Por su parte, la Generalitat asegura que no ha recibido ninguna de esas quejas por escrito y que, mientras tanto, no actuará.
Madrid investiga
Las denuncias de Barcelona son similares a las que hace un mes llevaron a la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a investigar a la Asociación Internacional para la Protección y Ayuda a los Menores Rusos (AIPAMR) por supuesto engaño, amenazas y coacciones a dos familias. La investigación todavía no ha concluido, pero otras 10 parejas han solicitado declarar ante el fiscal y el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) ha suspendido la acreditación de esta agencia en Moscú y estudia no renovársela.Para ello tendrá en cuenta la historia de María del Mar Calvo y Mariano Gómez. Esta pareja madrileña y su hijo biológico de ocho años viajaron el pasado 26 de abril a Moscú, de la mano de AIPAMR, que trabaja en siete comunidades autónomas. El matrimonio voló a la capital rusa para ultimar la adopción de la niña que tenían asignada desde hace un año, pero ésta había sido reclamada por un familiar, por lo que no podía ser adoptada.
Este viaje "innecesario" les costó más de 600.000 pesetas (ya habían gastado una cantidad similar por el anterior y otras 800.000 en la tramitación de los documentos). Y tuvieron que escuchar cómo una funcionaria rusa les daba a elegir entre tres bebés. Lo rechazaron porque "es un delito". Pero se lo han comunicado a la fiscalía y a la responsable del IMMF, Esperanza García, que se dirigirá a las autoridades rusas para aclarar el asunto. García tiene aún un mes y medio para concluir el expediente abierto a AIPAMR.
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