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El Superior sanciona que Barakaldo pierda dos ediles en los comicios de junio

El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la pretensión del Ayuntamiento de Barakaldo de conservar sus 27 concejales actuales, ya que no llega a los cien mil habitantes legales, y fija que en los próximos comicios elegirá 25 ediles. El máximo tribunal vasco rechaza el recurso presentado por la corporación de la localidad vizcaína contra la decisión de la Administración central de fijar su censo en 98.648 habitantes, 1826 menos de los que considera ek Ayuntamiento.

El Superior mantiene que la población de Barakaldo a fecha de 1 de enero del pasado año sumaba 98.648 habitantes, según informó entonces el Instituto Nacional de Estadística (INE) al Ayuntamiento de la localidad fabril, que encabeza el socialista Carlos Pera, tras una revisión de su padrón municipal. Con esa cifra de vecinos, el número de ediles a elegir asciende a un total de 25, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen de Elecciones Generales de 1985 para las poblaciones de 50.000 a 100.000 personas. En cambio, el pleno municipal de Barakaldo había fijado su población en septiembre de 1996, con fecha 1 de enero de ese año, en 100.474 habitantes, lo que le significaría mantener sus actuales 27 ediles. De acuerdo con la normativa del INE, el padrón debiera haberse revisado el 1 de enero de 1998 para actualizar el número de habitantes. Pero, según recoge el auto de la sala de lo Contencioso del Superior, la corporación baracaldesa no llegó a enviar los datos debido a las dificultades presentadas en algunos municipios para adaptarse al nuevo sistema de renovación padronal y siguiendo indicaciones del INE. En marzo pasado, la Subdelegación del Gobierno publicó en el Boletín Oficial de Vizcaya que la población de Barakaldo ascendía a 98. 648 habitantes y le asignó, por tanto, un total de 25 concejales. La decisión de la Administración central no gustó a las autoridades municipales de Barakaldo. Primero, en abril, dirigieron un escrito de reclamación a la dirección provincial del INE en Vizcaya, que fue desestimado por la Subdelegación del Gobierno. Ante ello, optaron por interponer un recurso administrativo, el que ahora ha sido desestimado. El Ayuntamiento demandó que se otorgara "eficacia provisional" a la cifra de 100.474 habitantes y que suspendiera cautelamente la decisión de la Administración central, entre otras cosas por la proximidad de los comicios. Uno de los motivos aducidos por la corporación eran los "perjuicios graves, inmediatos y de futuro" que supondría mantener la bajad del censo. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Juan Luis Ybarra, argumenta que "debe prevalecer la preservación de interés público en que no se vea afectado el proceso electoral por unas medidas cautelares que comportan una quiebra en el principio de igualdad con relación a los demás municipios"

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