Reírse de todo el país

SI ALGO no se le puede negar al ministro de Fomento es perseverancia en la búsqueda de culpables del caos aéreo. Al margen de la herencia socialista, a la que apeló ayer por enésima vez, el ministro ha quemado ya a seis altos cargos de su departamento como chivos expiatorios sin que le tiemble el pulso, y sin que en ningún momento se haya planteado que el problema es él. Impasible el ademán, ayer sostuvo por tres veces en el pleno del Senado que sería "absolutamente ridículo" que se responsabilizara de la huelga de pilotos del SEPLA o del exceso de programación de vuelos de las compañías aéreas, causas, en su opinión, del desastre aéreo español. En realidad, lo único ridículo fue su intervención: ofensiva para los ciudadanos que han perdido el tiempo y el dinero secuestrados en los aeropuertos a la espera de vuelos que nunca despegan; insultante para los empresarios turísticos, que exigen soluciones urgentes para evitar los efectos que va a provocar el recorte del tráfico aéreo, y sencillamente estomagante por su enfermiza insistencia en culpar al Gobierno anterior de la situación de catástrofe permanente en que viven los aeropuertos españoles. Arias- Salgado volvió a reírse ayer del país en el Parlamento. El ministro tiene en su propia gestión la medida de lo ridículo: lo fue su propuesta, tan rápidamente lanzada como escondida luego, de utilizar Torrejón como segundo aeropuerto de Madrid; es ridículo que se pierdan 15.000 maletas en las instalaciones de Barajas o que se cierre total o parcialmente un aeropuerto porque una perforadora destroza el cableado neurálgico de las pistas; o que durante tres años no exista un proyecto solvente para el tráfico aéreo de Madrid; es ridículo, en fin, que un país en el que el turismo equivale al 10% de su PIB tenga sus aeropuertos permanentemente en estado de excepción. El ministro debería ser más cuidadoso al elegir los adjetivos. Para ridículo, el suyo.

Ansioso por eludir responsabilidades, Arias-Salgado tuvo a bien explicar ayer que su competencia administrativa se limita a garantizar el buen funcionamiento de los aeropuertos. Precisamente tal evidencia es la principal pieza acusatoria en su contra; porque los aeropuertos españoles funcionan de forma pésima o no funcionan, y una de las razones es la incapacidad del ministro para hacer frente al problema de los controladores. Para explicar por qué no hay suficientes controladores dice Arias-Salgado que su formación requiere entre 20 y 28 meses. Pues bien, ya lleva 36 meses en su poltrona y podía haber formado los 700 que, al parecer, hacen falta.

Está bien que el ministro analice las causas de la insuficiencia de profesionales, pero lo que los ciudadanos esperan de él es que solucione el problema. En tres años ha tenido tiempo suficiente para prever la evolución del tráfico de Barajas y proyectar sus necesidades a medio plazo. Al parecer, el Gobierno tampoco es capaz de evitar la confusión cuando trata de explicar su plan de choque contra el caos aéreo. Arias-Salgado sorprendió ayer diciendo que no habrá reducción de vuelos de Iberia, sino no aplicación del aumento previsto, y que, con todo, habrá un crecimiento real del 3,5% de los vuelos. No es lo que se entendió -unánimemente- al presidente de Iberia y al secretario de Estado de Infraestructuras cuando informaron oficialmente de las medidas. En todo caso, el ministro ha tardado una semana en aclararlo.

Arias intentó desviar la culpa del desastre aéreo hacia Iberia y sus pilotos. Pero en la permanente actuación del Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), experto en organizar desastres en los periodos de vacaciones a costa de los viajeros, tiene mucho que ver la inhibición de Iberia y, por lo tanto, del Ministerio de Industria, para enfrentarse al delirio creciente del monopolio de pilotos civiles. Arias-Salgado no puede eludir su cuota de responsabilidad por la descoordinación y negligencia de su departamento y el del señor Piqué para poner fin al problema de los pilotos y de los controladores, acabar con el martirio de los viajeros y con la inquietud de las empresas.

A despecho de su incompetencia, aún se permite el ministro hacer chistes de mal gusto sobre el escaso número de firmas que pidieron su dimisión en Barajas. Es imposible que le quede alguna duda de que la sociedad española levanta un auténtico clamor para que se vaya. Este hombre -que cada vez que echa la culpa a otro se ríe de los ciudadanos- es una ruina, y cuanto antes lo entiendan así él y el presidente del Gobierno será mejor para todos.