Un informe de expertos propone un cambio radical en el gobierno de las universidades

Los males que padece la Universidad española y las carencias que van a impedir que entre en el próximo siglo bien pertrechada para enfrentarse a los retos del futuro que aparecen en múltiples estudios realizados por expertos. Pero esas críticas no suelen ir acompañadas de soluciones concretas. La piedra de toque es el sistema de gobierno implantado por la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983), al que los expertos califican sin rubor de "asambleario" y que, aseguran, es la causa mayor del corporativismo que rige las decisiones, tanto académicas como gerenciales, de la Universidad pública actual. La Fundación Círculo de Economía, de Barcelona, en colaboración con la Fundación Bosch i Gimpera y el Consejo Social de la Universidad de Barcelona (UB), ha analizado este complejo problema y ofrece un modelo alternativo al actual sistema de gobierno de las universidades, el elemento clave de cualquier reforma. Las propuestas supondrían, en palabras de Josep Maria Puigsalellas, uno de sus autores, un "giro de 180 grados" sobre el modelo actual.

El documento, titulado Las funciones y el gobierno de las universidades públicas, fue presentado la semana pasada en el Círculo de Economía y debe servir de base para el debate que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la jornada con dirigentes universitarios que organizan las dos fundaciones que han encargado el estudio. Entre las propuestas más sugerentes destaca la de reforzar el poder ejecutivo de los rectores, que no serían designados por el claustro, sino por un nuevo órgano de gobierno que sustituiría a los actuales consejos sociales, con más representación social que universitaria o política.

Uno de los ponentes, Jordi Mercader, que presidió el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) y que ahora encabeza la Asociación de Amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha basado su diagnóstico en "la coyuntura demográfica, la competencia entre universidades y la previsible congelación de los presupuestos públicos".

Mercader constató que en los últimos años "se ha hecho más esfuerzo en el mantenimiento de los activos y menos en lo que llamamos gastos corrientes o elementos de eficacia". Este experto señaló la necesidad de "ponderar la relación entre investigación y docencia" y admitió que en los temas humanísticos la asignación de recursos no es equivalente.

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Puigsalellas, que dijo hablar por boca de uno de los ponentes, el que fuera rector de la Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Maria Vallès, se quejó de la uniformidad del actual modelo de gobierno de las universidades. "No es lo mismo gestionar una vieja universidad de 80.000 alumnos que una de las de nuevo cuño con no más de 10.000", dijo. "Le falta flexibilidad al sistema, y también separar lo que es puramente el gobierno económico de la institución del resto de sus ámbitos", añadió. Puigsalellas considera que el actual modelo de gobierno "está basado en el sistema colegial, lo que permite una importante incidencia del corporativismo". Éstas son las líneas generales de las propuestas:

Consejo Social con capacidad estratégica. Crear "un órgano colectivo con mayoría de representación social y no de mayoría política o universitaria". El embrión sería el actual Consejo Social, "más reducido y con una composición corregida", que no estaría presidido por la parte política o universitaria. Este órgano tendría un amplio poder; aprobaría los planes plurianuales, los contratos-programa y el presupuesto anual, y también nombraría al rector y al gerente. Este sistema, según Puigsalellas, "permitiría al rector protegerse contra excesivas hipotecas estatamentales" y dejar de ser "tributario de claustros con tendencias asamblearias".

Rector con capacidad ejecutiva. Sólo quedaría al margen del nuevo Consejo Social lo estrictamente académico y la investigación. El rector tendría amplia capacidad ejecutiva, no como ahora. Según el documento, esta capacidad del rector "se extendería a las unidades periféricas de la universidad, como facultades y departamentos, reforzando la autoridad de los decanos y directores de departamento con más incentivos, más autoridad y periodos más largos de gestión".

Junta de Decanos. La Junta de Gobierno sería sustituida por una Junta de Decanos, que tendría funciones ejecutivas en cuestiones académicas y consultivas en la definición de estrategias generales.

Un claustro sólo consultivo. El actual claustro pasaría a ser un órgano consultivo, y su composición recogería "los intereses de los usuarios"; estudiantes, empresas y administraciones. Actualmente, el rector, que presenta a las elecciones una candidatura compuesta por los miembros de la que será su Junta de Gobierno, es elegido por el claustro, que está compuesto por profesores (60%), estudiantes (30%) y personal administrativo y de servicios (PAS, 10%). Según el estudio, los órganos directivos de las actuales universidades "actúan, en buena parte, de forma colegiada, con solapamiento de funciones de sus órganos de gobierno, y con un constante y complejo ciclo de nombramiento de cargos".

Norma de exención. Los autores del informe son conscientes de que plantean una nueva legislación más que una reforma de la LRU. Según Puigsalellas, la LRU "dice qué parte es orgánica, pero no qué parte es legislación básica y, por tanto, competencia del Estado", lo que impediría a las comunidades autónomas legislar en este sentido. El documento añade que "es muy improbable" la autorreforma de los estatutos actuales, por lo que sugiere "explorar la posibilidad de dictar una norma de exención de la actual normativa para aquellas universidades que estuviesen de acuerdo en negociar con la Administración de tutela la puesta en marcha experimental de un sistema de gobierno inspirado en estos puntos".

Reformar el sistema funcionarial. Según el estudio, sería necesaria una reforma del sistema funcionarial para operar con más agilidad. De no revisar este estatuto funcionarial, tanto de profesores como de PAS, "se corre el riesgo de que la reforma quede nuevamente desfigurada si este estatuto de funcionario es utilizado como un instrumento de resistencia a la adaptación".