El instructor del "caso Zamora" declaró válida una cinta antes de suspender la causa

El magistrado instructor del caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, declaró la validez como prueba de una grabación realizada subrepticiamente por el expresidente de la Diputación de Zamora Antolín Martín al ingeniero jefe de obras, Ángel Macho, en la que éste reconoce la existencia de irregularidades como obras hechas antes de ser contratadas, adjudicaciones previamente acordadas por los constructores habituales al margen de la Diputación y que éstos estaban "desmelenados". La validez de la cinta fue acordada el día antes de suspender las diligencias.

En respuesta al escrito de un imputado, el magistrado José Antonio Martín Pallín rechazó el pasado día 22 la nulidad de una grabación aportada a la causa por el expresidente de la Diputación de Zamora por el PP Antolín Martín. "En cuanto a la ilicitud de las cintas magnetofónicas, no debe olvidarse que se trata de la grabación de una conversación libremente aceptada y concertada entre dos interlocutores, uno de los cuales decide grabarla subrepticiamente, lo que no constituye una interceptación ilícita de conversaciones, por lo que no parece desprenderse en principio la concurrencia de circunstancias que puedan dar lugar a la nulidad solicitada", señala. El instructor, por tanto, declara válida la grabación, cuya transcripción fue ordenada antes de quedar en suspenso las actuaciones hasta que se determine la competencia sobre la causa, por la renuncia a sus escaños de los dos aforados del PP, el diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero.

Por otra parte, el instructor decretó el pasado día 19 el pago de una fianza conjunta de 100.000 pesetas a los nueve diputados provinciales del PSOE, querellantes del caso Zamora, según trascendió ayer.

La imposición de una fianza para ejercer la acción popular está prevista legalmente en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En un auto conocido ayer, Martín Pallín observa que aún no se había cumplimentado este trámite, por lo que al ser un requisito subsanable en cualquier momento, procede a la fijación de la misma. El magistrado ha impuesto una cantidad que, como prescribe la ley, debe ser "proporcionada y equitativa de manera que no impida a nadie el acceso al proceso".

Censura de Trillo

Por otra parte, la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al presidente de la Cámara baja, Federico Trillo, de censurar una pregunta sobre el caso Zamora para contribuir a la estrategia del PP de que el caso no salpique al presidente del Gobierno, José María Aznar. No obstante, el PSOE preguntará en el Senado qué opinión tiene Aznar de las declaraciones del constructor Antonio Sangregorio, quien confesó haber pagado un millón de pesetas para la campaña de Aznar a la Junta de Castilla y León. Fernández de la Vega reiteró que cada día "hay más indicios de implicación del presidente del Gobierno", que el PP trata de frenar sacando la causa del Supremo.