El PP dice ahora que erró al exigir que Filesa se quedara en el Supremo

La dirección del PP no rectificó ayer claramente su comportamiento durante el juicio del caso Filesa en la misma sala del Tribunal Supremo que llevaba hasta ahora el caso Zamora pero casi. El PP se personó entonces como acusación en el juicio que en 1993 se siguió sobre la financiación ilegal del PSOE. En aquellas diligencias, el abogado del PP, Juan Ramón Montero, argumentó por escrito con numerosas referencias el principio de la "jurisdicción perpetua" para justificar por "coherencia y sentido común" que el Supremo debía llevar esa causa hasta el final, sin que se remitiese ningún apartado a otros juzgados ni se desgajase parte de las denuncias en otros sumarios. El PP constata ahora que aquella estrategia no tuvo "éxito", en primer lugar porque el sumario Filesa sí sufrió particiones.

El portavoz oficial del PP, Rafael Hernando, confesó ayer que su partido había aprendido de aquella actuación en el juicio de Filesa. Hernando hizo ese comentario cuando se le preguntó por el cambio de posición experimentado por el PP desde entonces a la actualidad, cuando dos aforados, el diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero, han renunciado a sus escaños para lograr que el caso Zamora sea remitido del Supremo de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o a un juzgado de Zamora. El abogado del PP, en 1993, sostenía que una renuncia de este tipo significaba de hecho asumir la responsabilidad política.

Hernando admitió ayer que visto el resultado de sus pretensiones en el caso Filesa "no se tuvo éxito y no hay más". El portavoz del PP quiso aludir así a que el sumario de Filesa sí se disgregó luego en varios, como el de las comisiones del AVE o de Seat.

Politización de la justicia

En cualquier caso, lo que el portavoz del PP intentó subrayar ayer fue la culpabilidad del PSOE en la politización de la Justicia en general y en particular el caso Zamora. Hernando minimizó este asunto al calificar de "presunto donativo de 750.000 pesetas para una campaña" la denuncia de constructores y ex dirigentes del PP de comisiones ilegales en las obras adjudicadas por la Diputación Provincial. El dirigente del PP aludía así a la confirmación de una declaración de un constructor, Antonio Sangregorio, ante el Supremo de que había aportado un millón de pesetas, como parte de un total de tres millones, para la campaña de José María Aznar a la Junta de Castilla y León en 1987. En el PP achacan a una estrategia de "enredo" del PSOE que este asunto haya llegado al Supremo. Hernando denunció ayer que el caso Zamora se inició en su día en aquella ciudad y fue el PSOE "el que ordenó" a sus diputados en esa provincia que presentasen una querella en el Supremo para politizarlo contra Aznar.

En ese contexto, el portavoz del PP ensalzó ayer la actitud de los dos ex parlamentarios nacionales al dimitir de sus escaños y dar "una lección de ética". Hernando comentó que el PP no iba a permitir "el bochornoso espectáculo de que un senador salga de su escaño para ir a la cárcel". Y remachó que no le parecía tampoco "razonable que un senador o diputado sea inhabilitado por un tribunal porque no es edificante para un país".

Estos argumentos le sirvieron a Hernando para contraponer la renuncia de esos ex parlamentarios del PP a la de otros del PSOE implicados en el caso Filesa "que aguantaron hasta el final y pasaron del escaño a la cárcel".

El portavoz del PP arguyó, además, que el abandono de Peñalosa y García Carnero no se había producido para eludir la acción de la Justicia sino para boicotear la estrategia de politización del caso que el PSOE había instaurado desde que llegó al Supremo.