Nueva batalla pesquera con Marruecos

Uno de los acuerdos históricamente más importantes para España por su cercanía y por su utilidad para la flota española del sur ha sido el de Marruecos, donde llegaron a faenar casi un millar de barcos. Conscientes de su interés para la flota española, las autoridades de Rabat han utilizado históricamente sus aguas para lograr contrapartidas en materia de comercio agrario y en otras inversiones. Cada negociación para renovar el acuerdo, de cuatro años, ha constituido una escalada en las demandas de Rabat, tanto ante España como frente a la Unión Europea.

En las negociaciones de hace cuatro años, Marruecos partía de unas exigencias elevadas que luego se fueron reduciendo. En este momento, ante el acuerdo que termina el 30 de noviembre próximo, el Gobierno marroquí se ha limitado a señalar que no habrá renovación, lo que supone la postura de entrada más dura de las últimas décadas y casi la seguridad de que la flota deberá amarrar el 1 de diciembre, aunque luego se llegue a algún tipo de compromiso. "En este momento", señala el secretario general de Pesca, Samuel Juárez, "no quieren ni hablar".

Una potencia pesquera

Con una flota compuesta por 18.000 unidades, España es una de las potencias pesqueras más importantes de la Unión Europea y la que en buena medida marca la política sobre este sector. Sin embargo, se trata de una cifra y un potencial engañosos, con grandes puntos débiles, si se tiene en cuenta que de esos 18.000 barcos, 16.500 faenan en el caladero nacional y que las dos terceras partes de las capturas anuales -cerca de 1,2 millones de toneladas- proceden de caladeros exteriores. La falta de aguas propias con recursos suficientes para abastecer el mercado interior ha sido una de las razones por las que la flota española ha sido pionera tanto en la búsqueda de nuevos caladeros, como el del fletán de profundidad, o para establecer diferentes acuerdos con países con caladeros ricos en pesca. Esta política dio lugar a la firma por España de más de una veintena de compromisos con otros países, que fueron asumidos por la Unión Europea en 1986, que ahora destina 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas) para apoyarlos.

La cada día mayor escasez de recursos, con muchos caladeros agotados y el interés de terceros países generalmente subdesarrollados para explotar directamente sus recursos, dio lugar en los años setenta a la extensión por esos Estados de sus aguas jurisdiccionales a 200 millas, en lo que se conoce como Zonas Económicas Exclusivas donde se concentra prácticamente el 95% de los recursos pesqueros. Esta filosofía ha ido ganando fuerza en el transcurso de los años siguientes hasta este momento cuando cada día resulta más difícil suscribir acuerdos estables y baratos para faenar en caladeros ajenos.

La Unión Europea, empujada fundamentalmente por España, ha desarrollado en los últimos años una política encaminada a reordenar la flota en función delas posibilidades de pesca. En base al Instrumento Financiero para la Ordenación de la Pesca (IFOP) en España se han invertido en los últimos cinco años más de 200.000 millones de pesetas. Estos fondos se han destinado fundamentalmente a modernizar la flota de bajura, así como a la exportación de buques a terceros países a través de diferentes fórmulas asociativas.

Considerando las posiciones de Marruecos, España ha desarrollado en los últimos años un gran esfuerzo para ajustar esta flota. De hecho, frente a los 650 barcos existentes en el momento en que se negoció el acuerdo anterior, ahora ya solamente faenan unos 400 con unos 8.000 tripulantes. Según Samuel Juárez, se van a realizar nuevos esfuerzos para que la flota afectada tenga menor dependencia de esas aguas, algo que, en su opinión, se puede lograr en los próximos años.

El de Marruecos ya es en la actualidad un acuerdo caro, aunque, por el momento, indispensable para esa flota del sur. En 1992 pasó de un coste de 9.200 a 13.000 millones de pesetas al año, mientras el canon de los armadores lo hizo de 1.900 a 2.350 millones de pesetas. El acuerdo que termina en los próximos meses ya tiene un coste de 20.000 millones de pesetas anuales para la UE, a los que se suma el canon del armador.

Frente a estos pagos, el acuerdo supone unas capturas de unas 170.000 toneladas, de las que 120.000 son de sardina para harina, con un valor total de 30.000 millones de pesetas. Marruecos, como en el resto de los acuerdos con terceros países, ha logrado que faenen menos barcos (especialmente los cefalopoderos, donde la oligarquía de ese país tiene también su negocio), se han impuesto más paradas biológicas unilaterales, mayores controles, más trabajadores embarcados y desembarcos en puertos. Es un acuerdo caro, a causa de que sus capturas se orientan a la baja, pero necesario.

Junto al problema de Marruecos, que afecta especialmente a una flota de bajura, a finales de mayo finaliza el acuerdo de la UE con Argentina, donde se hallan faenando casi un centenar de grandes barcos congeladores con posibilidad para pescar hasta 250.000 toneladas. Argentina lleva ya meses poniendo dificultades añadidas a la flota al exigir aumentar las tripulaciones nacionales y, finalmente, ubicando a los barcos objeto del acuerdo en las zonas con menos recursos.

Acuerdos difíciles

Como con Marruecos, va a ser una negociación difícil donde Buenos Aires tratará de aumentar las contrapartidas económicas y, sobre todo, lograr una mayor relación de los barcos exigiendo instalaciones o desembarcos en aquella tierra. Éste es hoy el mayor acuerdo comunitario para la flota española. Las dificultades para tener otros acuerdos como el no suscrito con Namibia hace que muchos armadores españoles hayan iniciado una estrategia por libre,ubicando sus buques bajo banderas y capitales de los países donde hay caladeros ricos. Con problemas de recursos en los caladeros del Atlántico y en la propia UE, las miradas se orientan hacia el Índico y el Pacífico.

Los problemas para ubicar la flota no se producen solamente en aguas de terceros países. En el propio marco comunitario tienen dificultades los casi 90 barcos de las empresas conjuntas a las que el Gobierno del Reino Unido, con el visto bueno de Bruselas, está obligando a demostrar una vinculación económica para seguir pescando en sus aguas con cuota de ese país. Varios armadores han optado ya por vender el barco y buscar otras aguas.