Negocios de familia basados en arrendamientos

La familia López de Coca se halla introducida en los negocios del lino desde antes de la llegada al poder, en 1982, de la Administración socialista.

Nunca se han hecho públicas posibles irregularidades en relación con su funcionamiento y sus sistemas de trabajo, aunque justamente en 1996, con motivo del nombramiento de Nicolás López de Coca como subsecretario de Agricultura (hace aproximadamente año y medio pasó a ser presidente del FEGA) desde las filas de la oposición al Gobierno popular se aireó la existencia del denominado dossier lino, en el que supuestamente se hacía referencia a los negocios de esta familia manchega.

Nicolás López de Coca indica que informó de su situación familiar en este cultivo a la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, quien, al parecer, no puso obstáculos a que su entonces subsecretario compaginase su explotación con su cargo.

Actualmente, el negocio de la familia López de Coca se articula en base a sociedades como Valzorzales y Campillo, a las que se ha sumado la reciente constitución de la empresa transformadora Colisur 2000, en Ciudad Real en la que habrían invertido del orden de los 300 millones de pesetas.

2.000 hectáreas

Las superficies de cultivo bajo la órbita de la familia López de Coca ascienden a unas 2.000 hectáreas entre tierras propias y tierras arrendadas bajo diferentes fórmulas jurídicas. Uno de los sistemas más utilizados por el grupo López de Coca es la suscripción de un contrato con agricultores (unos 200) por el que sus sociedades ponen las semillas, la parte más cara de los gastos para la siembra, así como abonos o herbicidas.

Los agricultores aportan la tierra y la mano de obra, pero no asumen ningún riesgo económico.

Los costes totales del cultivo de una hectárea de lino ascienden a entre 70.000 y 80.000 pesetas y existe el riesgo de no cobrar la ayuda plena comunitaria, de hasta 120.000 pesetas, si no se logra una producción de 1.500 kilos por hectárea.

Este peligro hace precisamente que muchos agricultores, como en el caso de los arrendamientos con la familia López de Coca, prefieran el dinero seguro y dejar en manos de las sociedades del grupo la mecánica del cultivo a fin de justificar sus producciones y tener acceso a parte de las ayudas económicas.

Como consecuencia de este tipo de contrato, según fuentes de la familia, los agricultores reciben el 50% de la subvención mientras que la otra mitad va a manos de las sociedades de la familia López de Coca.