s Interior asegura que tiene grabaciones de acciones irregulares de "ertzainas" en el barrio chino bilbaíno
El viceconsejero de Interior, Mikel Legarda, comunicó el miércoles a una delegación del sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, que el departamento tiene vídeos en los que aparecen ertzainas "cometiendo irregularidades en el barrio chino de Bilbao que sobrepasan las sanciones meramente administrativas y entran en el capítulo de lo delictivo". Interior confirmó ayer que hay en marcha una "investigación criminal concreta", pero evitó dar detalles. El Ararteko acusó recientemente a la Ertzaintza de realizar actuaciones en esa zona que vulneran los derechos fundamentales.
El robo la semana pasada de un equipo de un dispositivo de videovigilancia colocado por la Ertzaintza en una casa del barrio chino de la capital vizcaína ha destapado pruebas de supuestos excesos de varios ertzainas destinados en la zona. Legarda transmitió esta información a dos responsables del sindicato mayoritario de la policía vasca, Erne, (Iñaki Castro y Joseba Bilbao) en una reunión celebrada el miércoles en su despacho del Gobierno vasco. El número dos de Interior explicó a ambos sindicalistas que las grabaciones muestran actuaciones irregulares de agentes sobre personas de raza blanca, aunque evitó concretar los delitos que supuestamente han cometido los policías. El operativo policial, iniciado a fines del año pasado y que sigue en marcha, incluye cámaras no sólo en el piso reventado por unos ladrones, sito en la calle Las Cortes. Los delincuentes sustrajeron de ese inmueble dos magnetoscopios. Fuentes policiales aseguran que al menos una de las cámaras situadas en el piso tenía como objetivo grabar todo lo relacionado con los agentes de la furgoneta que habitualmente está aparcada en la calle Cantera del barrio de Bilbao La Vieja. En esta zona es habitual la presencia de narcotraficantes. Sin avisar a los ciudadanos El dispositivo policial incluye más cámaras en la zona, aunque en ningún momento se ha colocado ningún tipo de advertencia para los ciudadanos. El artículo 22 del capítulo V (Derechos de los Ciudadanos) del reglamento sobre la utilización de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos -que ha entrado en vigor este mismo lunes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado- señala que "para informar al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras se utilizará una placa informativa, en la que figurará el pictograma de una cámara de vídeo, y un panel complementario" con una "descripción genérica de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de la autorización y custodia de las grabaciones". Preguntados sobre este extremo, portavoces del Departamento de Interior indicaron que la investigación en el barrio chino de Bilbao "no se encuadra dentro de las grabaciones a las que se refiere ese decreto. Además, en el País Vasco tenemos nuestra propia reglamentación en materia de videovigilancia por lo que no tendríamos que aplicar la ley aprobada en el Congreso de los Diputados". La consejería de Interior aprobó el pasado 15 de julio, cuando todavía era su titular Juan María Atutxa, el decreto que desarrolla el régimen de autorización y empleo de videocámaras por la policía vasca en lugares públicos, regulado en la ley orgánica del 4 de agosto de 1997. Su artículo 8 indica que "se informará al público de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, así como de la autoridad competente". La autorización para colocar las cámaras corresponde a la Comisión de Videovigilancia, que preside Manuel María Zorrilla, presidente del Tribunal Superior vasco. El informe del Ararteko correspondiente al año pasado, que el titular de la institución, Xabier Markiegi, presentó en el Parlamento el pasado 25 de marzo, señala que las actuaciones de la Ertzaintza y la Policía Municipal de la capital vizcaína con los inmigrantes en Bilbao la Vieja (donde se encuentra el barrio chino) han vulnerado derechos fundamentales. Las irregularidades más importantes detalladas por el Ararteko fueron la violencia en el momento de abordar a las personas para su mera indentificación (por ejemplo colocando la porra en la garganta), los registros, a veces con la conminación a desnudarse total o parcialmente en la calle, los insultos (en ocasiones con contenidos racistas o xenófobos) y las amenazas.
