Cultura aduce que los fondos desviados por dos federaciones sólo suponen el 1% del presupuesto

La consejera de Cultura, Mari Carmen Garmendia, justificó ayer en el Parlamento la desviación de fondos públicos en las federaciones vascas de Kárate y Deportes de Invierno, comprobada por el Tribunal Vasco de Cuentas al analizar el ejercicio de 1996. Tan sólo admitió "una gestión inadecuada", pero negó el "fraude" denunciado por el PSE, que solicitó su comparecencia. Garmendia (PNV) defendió la actuación de su departamento y de las federaciones aduciendo que los 9 millones desviados significan "sólo el 1,23%" del presupuesto asignado a las federaciones.

Las irregularidades se descubrieron hace dos meses, cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas publicó las conclusiones de una auditoría a cinco federaciones deportivas (ver EL PAÍS del 24 de febrero). Examinada su gestión durante el año 1996, el tribunal comprobó que Kárate y Deportes de Invierno habían desviado de forma irregular parte de la subvención recibida del Gobierno vasco. Un dinero que en teoría debía emplearse para patrocinar actividades de estos deportes terminó sirviendo para contratar obras y mobiliario en el campo de regatas de Legutiano (Álava) y en el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura (Vizcaya), dos instalaciones en absoluto relacionados con esas disciplinas. Entre las irregularidades, se descubrió que Deportes de Invierno destinó 4 millones a colocar ventanales en Legutiano y que el trabajo se encargó a Joaquín López Lafitte, cristalero profesional y al mismo tiempo presidente de esa misma federación. Otros 1,7 millones se gastaron en mobiliario y un grupo electrógeno en Fadura. En Kárate el dinero público desviado asciende a 3 millones, también para obras de mejora en esos centros de alto rendimiento. Una de las facturas se pagaron a la federación de Patinaje. Todo este tipo de obras en ningún caso corresponde a una federación, sino al Gobierno vasco. De estas anomalías, el Tribunal de Cuentas extrajo como conclusión que el Departamento de Cultura actuó con negligencia. La responsable del departamento, Mari Carmen Garmendia, acudió ayer al Parlamento -a petición del PSE- para excusar las deficiencias. Minimizó las críticas de "fraude" lanzadas desde la oposición y rebajó la gravedad de los hechos: "Se ha realizado una gestión inadecuada", reconoció la consejera del PNV, quien responsabilizó de esto a la "falta de previsión" en el funcionamiento de los centros de alto rendimiento y al "sistema contable" de las federaciones. Garmendia aseguró que estas prácticas erregulares están en vías de solución, gracias a la Ley del Deporte de 1998 y al plan de contabilidad que se aplicará a cada federación. Además, utilizó como argumento el hecho de que la desviación, 9 millones en total, supone "sólo el 1,23%" del presupuesto asignado por la Dirección de Deportes a las federaciones, 726 millones. "Espero que este 1,23% se reduzca. De hecho, ya se ha reducido a cero", añadió la consejera. La propia Ley del Deporte del País Vasco confiere al Ejecutivo autónomo la posibilidad de intervenir en cualquier momento en las federaciones cuando detecta la posibilidad de irregularidades. Así se e detalla, entre otros, en los artículos 109 y 112, que recogen los supuestos casos y las sanciones previstas en función de la gravedad de la infracción. Poner orden La parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, que solicitó la comparecencia, pidió a la consejera Mari Carmen Garmendia que abra un expediente informativo sobre los hechos -Cultura se niega a ello- y "que ponga orden". Ofreció también otro dato: el actual director de Deportes del Gobierno, Xabier Leibar, dirigía el centro de Fadura en 1996, cuando ocurrieron los hechos denunciados, un dato que pareció sorprender a la consejera, quien dirigió como un resorte la mirada a su actual director. Gemma Zabaleta recordó que las federaciones actúan como agentes de la Administración y son miembros del Consejo Asesor, por lo que el control de su actividad (basada fundamentalmente en la subvención pública) trasciende a su consideración inicial de entidades privadas. No en vano la actuación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se articula precisamente en base a esa consideración, en la medida que reciben y gestionan fondos públicos por lo que están sujetas a la fiscalización de una parte de su actividad contable.