El Ministerio de Defensa cede el Hospital Militar a la Generalitat

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, y el consejero de Sanidad de la Generalitat, Eduard Rius, firmaron ayer en Madrid la cesión del Hospital Militar al Gobierno catalán. El centro sanitario volverá a abrirse con el nombre de Hospital Militar Pere Virgili y atenderá a la sociedad civil. La cesión del hospital se ha hecho realidad un año más tarde del primer anuncio de acuerdo que realizó el consejero de Sanidad y seis años después de que empezaran las negociaciones entre Defensa y Generalitat. El documento aprobado establece una cesión de 30 años y una opción de compra del hospital de 4.000 millones de pesetas por parte de la Generalitat. Su gestión será responsabilidad de una nueva empresa pública que dependerá del Servicio Catalán de la Salud (SCS). La nueva institución sanitaria albergará la sede central del Servicio de Urgencias 061, el Servicio de Emergencias Médicas y un centro de atención primaria, entre otras funciones. El personal del hospital -compuesto por 300 empleados sanitarios y no sanitarios- seguirá trabajando en el centro. De esta manera, se aclara su situación laboral, indefinida desde que se cerró el hospital. Rius aseguró en la firma del acuerdo que el centro comenzará a funcionar entre septiembre y octubre de este año. Las buenas condiciones en las que se encuentra el Hospital Militar permitirán, según el consejero de Sanidad, que algunas de sus instalaciones se empiecen a utilizar de inmediato. Eduard Rius no concretó a cuánto ascendería la inversión para hacer posible el total funcionamiento del edificio, pero advirtió de que ésta sería moderada. El Ministerio de Defensa y la Generalitat iniciaron hace seis años los contactos para acordar la venta del Hospital Militar. Después de los continuos anuncios de su cierre y el baile de cifras del precio de venta, el Gobierno y el Departamento de Sanidad llegaron a un acuerdo en septiembre del año pasado. Las primeras propuestas de venta del ministerio eran de 5.000 millones de pesetas, mientras que la Generalitat ofrecía 3.000 millones.