El juez admite dos nuevas querellas contra Bolín por malversación

Los problemas con la justicia del alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, son cada día mayores. Los juzgados de Torremolinos, que instruyen cuatro causas por indicios de presuntos delitos en su gestión, han admitido a trámite dos nuevas querellas en las que Bolín aparece acusado de malversación, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas y tráfico de influencias. Una de ellas fue presentada por el antiguo concesionario del servicio de basuras, que sostiene que el Ayuntamiento le debe 111 millones y ha manipulado el nuevo concurso para excluirle.

Antonio Quesada ha sido durante más de 20 años concesionario del servicio de recogida de basuras de Benalmádena. En su querella hace constar que Bolín y el concejal Enrique Moya, también querellado, le presionaron desde la llegada a la alcaldía para que abandonase la concesión y retirara los recursos que puso contra la nueva adjudicación. El Ayuntamiento aprobó en marzo de 1997 un reconocimiento de deuda de 111 millones de pesetas y se acordó un plan de pagos que no se ha cumplido. Estos problemas obligaron a su vez a Quesada a contraer una deuda con Seguridad Social y Hacienda de 80 millones de pesetas, que ahora se ha incrementado por los intereses de demora. Nunca en los presupuestos municipales de los dos últimos ejercicios ha habido partida para saldar la deuda, pese a su aprobación en pleno. Además, Quesada acusa a Bolín de haber manipulado el concurso de adjudicación del nuevo servicio para perjudicarle y, pese a los pronunciamientos de la mesa de contratación, se otorgó el servicio a la empresa GSC, con menor puntuación, representada por Carlos Benjumea Morenes, también querellado. Benjumea fue apoderado de IASA, empresa que ha tenido provisionalmente la concesión desde 1997, y, según consta en la querella, ocho días antes de que el pasado 3 de marzo fuera adjudicado el servicio a GSC, informó a los trabajadores de que esta sociedad era la nueva adjudicataria e incluso les presentó a los nuevos directivos. Puerto deportivo En la segunda querella, presentada por el PP, se acusa al alcalde y al concejal de Playas, Manuel Crespo, de malversación y tráfico de influencias por la cesión a éste de un local para un centro de buceo en el puerto deportivo, que es gestionado por una sociedad municipal. Esta concesión se realizó, según consta en la querella, sin la correspondiente convocatoria, publicidad y licitación o concurso. El PP recuerda en la denuncia que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohibe expresamente una concesión así porque el concejal beneficiado ha gozado de información privilegiada. Además, afirman los querellantes, tampoco ha existido consignación presupuestaria para tal concesión.