El Ayuntamiento de Vitoria congela el plan para adquirir suelo donde se construirán 21.700 pisos

El gran proyecto de José Ángel Cuerda para municipalizar 6,1 millones de metros cuadrados destinados a construir 21.704 viviendas está en el aire. Tras cerrarse las negociaciones de tres años entre el alcalde y los propietarios de la mayor parte del terreno, el Ayuntamiento de Vitoria ratificará el convenio en el pleno de la próxima semana. Sin embargo, según se desprende de la última cláusula del pacto, para que entre en vigor necesitará el visto bueno de la próxima corporación. Y ese gran proyecto sólo lo respaldan los actuales socios de gobierno: PNV y Unidad Alavesa.

José Ángel Cuerda no podrá cerrar, según pretendía, sus veinte años en la alcaldía de Vitoria dejando como herencia su último gran proyecto: la adquisición de 6,2 millones de metros cuadrados (una extensión superior a 620 campos de fútbol) para asegurar el crecimiento de la ciudad en los próximos decenios hacia las zonas de Salburua y Zabalgana. El convenio que él mismo ha firmado con los propietarios de gran parte de ese terreno (poseen 4,5 millones de metros cuadrados) contiene una cláusula que impide su visto bueno final hasta que no se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación de la ciudad. Ese trámite no se producirá hasta después de las elecciones de junio. Por tanto, la próxima corporación podrá ratificar o anular el pacto entre el Ayuntamiento y los particulares. Ese decisivo paso se dará "entre septiembre y octubre", calcula Cuerda. Lo que invita a dudar de su aprobación final es el estrecho margen con que el convenio pasó ayer el trámite de la Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento. Sólo los partidos gobernantes (PNV y UA) lo apoyaron, mientras que PP, PSE e Izquierda Unida se opusieron. HB se abstuvo. El pleno de la próxima semana volverá a tener el mismo resultado. Sin embargo, la verdadera votación se producirá tras las elecciones municipales, con una correlación de fuerzas diferente. Las expectativas electorales cuestionan que PNV y UA puedan repetir un Gobierno con una mayoría de 14 concejales sobre los 27 del pleno. Ayer se produjo por primera vez un debate entre los grupos municipales acerca del convenio. Las interpretaciones de lo que supondría ese pacto son radicalmente diferentes. Hay, pese a todo, una serie de datos irrefutables. El acuerdo supone que el Ayuntamiento tendrá bajo su control todo el suelo y que, en vez de pagar a los actuales propietarios por adquirir sus terrenos, les compensa concediéndoles el 40% del aprovechamiento urbanístico, correspondiente a las viviendas libres (un 30% de las 21.704) y los pisos protegidos del segmento más alto (un 10%). En total, se construirá un 70% de viviendas protegidas. Los gastos de urbanización y equipamientos se repartirán al 50% entre la Administración y los propietarios. A raíz de ahí, se producen las diferencias. Un informe económico elaborado por los servicios municipales ha calculado los derechos y deberes del Ayuntamiento y de los propietarios derivados del convenio. El texto asegura que la Administración obtendrá un beneficio máximo de 32.483 millones de pesetas (unidades, según el lenguaje utilizado por los técnicos) con la operación, por 65.818 de los particulares. Aclara que ahora mismo el suelo está distribuido en un 27% de propiedad pública por un 73% privada. El PSE, a los tribunales Los socialistas contestaron con otro exhaustivo estudio, utilizando como base el proyecto del Plan General. De él se desprende que el Ayuntamiento perdería 18.823 millones de pesetas con la operación urbanística. Por ello, calificaron el convenio de "pelotazo para los particulares" y aseguraron que convertirá "en multimillonarios" a los dueños de los terrenos. El concejal Patxi Lazcoz anunció su disposición a recurrir a los tribunales para impedir la aprobación definitiva. El próximo candidato del PP a alcalde, Alfonso Alonso, comparó el convenio con una "expropiación" de facto y añadió otro dato: aseguró que los propietarios obtendrán 14.446 pesetas por metro cuadrado, cuando hace dos años el Ayuntamiento les hizo una oferta a razón de 2.000 pesetas/metro. El alcalde no negó ese cálculo. IU criticó que el pacto supone "la perpetuación de un modelo político agotado" y HB pidió una "gestión social" del suelo.Cuerda insistió en que el convenio convierte a Vitoria en "una referencia" y en "la envidia de todos los ayuntamientos del mundo".