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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lockerbie, por fin

CON LA entrega por Gaddafi a la ONU de los dos sospechosos libios del atentado de Lockerbie -270 muertos como consecuencia de la explosión sobre Escocia del vuelo 103 de Pan Am entre Londres y Nueva York, el 21 de diciembre de 1988- se inicia el último capítulo de una tragedia que conmovió al mundo. Para Libia, el gesto supone el final de las sanciones de la ONU que desde 1992 pesaban sobre el régimen de Gaddafi. Para los familiares de las víctimas, la esperanza, a estas alturas más simbólica que real, de que se acabe haciendo justicia sobre un hecho que ha permanecido una década apresado en la inextricable maraña de las relaciones entre Gobiernos enemigos.El juicio sin precedentes que se desarrollará en Holanda -tres jueces escoceses se sentarán en una base abandonada de EE UU cerca de Utrecht, que se convertirá temporalmente en suelo británico- es la conclusión de ocho años de negociaciones; desde que en 1991, y tras 12.000 interrogatorios de investigadores estadounidenses y británicos (países a los que pertenecía la mayoría de las víctimas), Washington y Londres acusaran formalmente de la matanza a dos libios pertenecientes a los servicios secretos. Trípoli se negó a la extradición primero y exigió después un terreno neutral. Estadounidenses y británicos han abdicado de su sostenida exigencia de un juicio en su territorio.

Más información
Libia entrega once años después a los sospechosos del atentado de Lockerbie

El compromiso materializado ayer con la entrega de los sospechosos es un tardío triunfo de la diplomacia. Pero sobre todo, en el caso libio, es fruto de la necesidad. Las cosas han cambiado mucho desde los años ochenta, cuando Trípoli abanderaba cualquier causa antiimperialista. Gaddafi dirige un país de cinco millones de personas al que las sanciones de la ONU -reforzadas en 1993, y que van del embargo aéreo al de armamento, pasando por la congelación de activos financieros y la subexplotación petrolífera- han costado casi tres billones de pesetas, según las estimaciones conservadoras del Banco Mundial. El desplome de los ingresos por petróleo ha hecho el resto para poner fin al drama, aunque sea con 11 años de retraso.

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