UGT ofrece ayuda a Boliden para reabrir la mina de Aznalcóllar

UGT ofrece su ayuda a Boliden-Apirsa, la empresa propietaria de Minas de Aznalcóllar, para afrontar las condiciones impuestas por la Junta de Andalucía para reabrir la mina y que podrían dificultar la reapertura anunciada el pasado jueves por la empresa al alcalde de la localidad, Francisco Marques. Miguel Rufo, representante de UGT en la mina y secretario de Organización de la Federación de Industrias Afines de UGT en Sevilla, dijo ayer que "en la reapertura estamos todos implicados, porque esto no es la negociación de un convenio colectivo, sino que debemos sacar adelante la mina, que es el único negocio de la zona y no tiene alternativas en la agricultura ni en ninguna otra industria".UGT, que presenta hoy, lunes, su oferta de ayuda a los directivos de Minas de Aznalcóllar, confía en que los directivos de la empresa convoquen a los sindicatos; en caso contrario, "provocaremos nosotros la reunión" para que Boliden les explique cuándo piensa reanudar la actividad y qué alegaciones va a presentar a las condiciones de reapertura impuestas por la Consejería de Industria de la Junta. Según Rufo, las exigencias planteadas a Boliden "son durísimas, como en ninguna otra empresa española de minería metálica", y en su opinión deberían flexibilizarse, porque "no se le puede apretar tanto. Que haya habido un vertido no quiere decir que vaya a ocurrir todos los días".

Actividad a finales de mes

El alcalde de Aznalcóllar, el socialista Francisco Márquez, utilizó el pasado día 2 -festividad del Viernes Santo- la cadena local de televisión para revelar la decisión que un día antes había tomado el Consejo de Administración de Boliden-Apirsa para volver a la actividad en la mina, a finales de este mes. La decisión de la firma sueca se produce casi un año después de que el 25 de abril de 1998 se provocara el vertido tóxico por la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar con residuos metálicos y agua sobre el río Guadiamar.A pesar de que esta noticia fue recibida con satisfacción por la gran mayoría de los 6.000 habitantes del pueblo -aunque de momento sólo volvería al trabajo el 60% de la plantilla-, todavía está pendiente la exigencia medioambiental de que la capa de lodos tóxicos del vertido que están almacenados en un talud de 200 metros de pendiente se rebaje hasta el fondo. Los principales obstáculos para llevar a cabo esta operación son el nivel tecnológico necesario para realizarla y su alto coste.

Nada más conocerse la decisión de Boliden, la asociación Ecologistas en Acción se opuso a la apertura de la mina alegando que las instalaciones volverán a funcionar "en las mismas condiciones" de seguridad que cuando se rompió la balsa de productos tóxicos que inundó la cuenca del río.

La empresa tiene un plazo de un mes, que concluye el día 24, para presentar alegaciones a las condiciones de reapertura.