El Gobierno quiere limitar los poderes de la futura Comisión . de la Energía

El Gobierno no está dispuesto a que órganos independientes, por muy consultivos que sean, le saquen los colores por las decisiones que adopta en sectores económicos relevantes, como el eléctrico o el de hidrocarburos. Con este fin, ha preparado un real decreto para regular el funcionamiento de la futura Comisión de la Energía —organismo que asumirá las competencias de la actual Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, CNSE— que, de ser aprobado en sus actuales términos, dejará poco margen de autonomía al organismo.

Con esa norma trata de evitar que se repitan polémicas como la que ha rodeado la aprobación de las ayudas de 1,3 billones de pesetas a las compañías eléctricas y que han provocado el anuncio de dimisión de Miguel Ángel Fernández-Ordóñez, actual presidente de la CNSE. Fernández Ordóñez ha ganado al Ministerio de Industria y a su titular, Josep Piqué, según se reconoce en el sector eléctrico, la batalla de la opinión pública en torno a las ayudas pactadas por Industria con las eléctricas en septiembre de 1998. Pero el Gobierno no está dispuesto a que se repita una situación semejante.

Por ello, el proyectó de real decreto por el que se aprueba el reglamento de la Comisión Nacional de la Energía prevé un férreo control sobre lo que podrá hacer, estudiar y publicar el organismo. Así, en su último artículo (51), el proyecto establece que "Industria ejercerá el control de eficacia sobre la actividad de la Comisión".

Plan de Actuación

Eso se complementa con un párrafo que, según fuentes de la actual CNSE, "puede constituir un atentado a la independencia del organismo". El párrafo en cuestión dice: "Para hacer efectivo este control [de eficacia], la Comisión Nacional de la Energía remitirá un Plan de Actuación para su aprobación por el Ministerio de Industria y Energía, al que corresponderá el seguimiento de su ejecución. Con periodicidad trimestral, la Comisión Nacional de la Energía deberá remitir a Industria un informe en el que se indiquen las actuaciones realizadas ese trimestre, justificando, en su caso, las desviaciones que se produzcan respecto de las previsiones del plan". En suma, la Comisión no podrá elaborar estudios que discrepen de lo que defienda el ministerio para el sector eléctrico, el de carburantes o el del gas.

La exigencia de confidencialidad se complementa con otra que, según las fuentes consulta das, trata de "amordazar" al futuro organismo y que afirma: "Este deber [de confidencialidad] se extenderá a todos los informes, propuestas y comunicaciones". De haber estado en vigor un artículo semejante para la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, la opinión pública no hubiera podido conocer, por ejemplo, los informes del organismo sobre los "costes de transición a la competencia" de las eléctricas y en los que dichos costes se consideran un regalo del Gobierno a las empresas del sector, en un con texto de bonanza económica, es casa competencia entre empresas y aumento de beneficios.

El proyecto contiene puntos polémicos, cómo que los representantes de las eléctricas serán propuestos por Unesa. La pregunta es por qué han de ser dos empresas de Unesa un grupo de presión que, según la oposición, diseñó el encaje legal de los costes de transición a la competencia, y no otras compañías que no pertenezcan al grupo que actúa como patronal.

El proyecto deja también muy claro que la Comisión Nacional de la Energía no podrá hacer gala de mucha iniciativa por cuanto, "como órgano consultivo(...), le corresponde emitir los informes que le sean solicitados por el Ministerio de Industria en el ejercicio de sus competencias en materia energética".