NE acusa al PP de beneficiarse de los planes de obra provinciales

El diputado de NE en la Diputación de Castellón, Jesús Gil, acusó ayer a algunos alcaldes del PP que integran el equipo de gobierno de la institución provincial de "autobeneficiarse" de los planes para obras en pequeños municipios. Gil señaló directamente al vicepresidente de la corporción y alcalde de Vall d"Alba, Francisco Martínez, y al alcalde de Alfondeguilla y diputado provincial, Ramón Vilar. La Diputación convoca anualmente unas ayudas para mejorar accesos a municipios de menos de 2.000 habitantes.

Las ayudas están incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, que cuentan con un presupuesto total de más de 1.700 millones. Hasta este año, las ayudas para los accesos contaban con una consignación de 125 ó 150 millones de pesetas, con lo que las subvenciones que otorgaba la Diputación podían alcanzar entre tres y cuatro millones de pesetas para cada proyecto. Sin embargo, para 1999, según las bases de la convocatoria, sólo se han designado 60 millones, es decir, menos de la mitad que en años anteriores. Esto ha repercutido en que estos pequeños municipios sólo pueden percibir de la Diputación hasta 1,5 millones de pesetas en concepto de ayuda para sus proyectos de mejora de accesos. Dado que las solicitudes siempre superan la capacidad de concesión de estas subvenciones, la Diputación elabora, también anualmente, un plan complementario que se financia de los remanentes globales del Plan Provincial de Obras. Sin embargo, este plan complementario no se rige por la convocatoria puntual de la Diputación, sino por las bases que determinan el Plan Provincial en el que se se suman las aportaciones tanto de la Generalitat Valenciana como del Estado. Así, este año, los municipios que quedaban fuera del plan pueden acceder a mejores subvenciones que los que han sido incluidos. En el caso de Vall d"Alba, -cuyo alcalde es, a la vez que vicepresidente de la Diputación, presidente del departamento de Cooperación, que gestiona los planes- entre 1996 y 1998, sus solicitudes fueron siempre incluidas en el plan de mejora de los accesos. Este año, en el que la subvención se limita a 1,5 millones, el municipio ha quedado excluido por lo que se ha trasladado al plan complementario, cuya inclusión le reportará una ayuda de 3,8 millones de pesetas, es decir, una cantidad considerablemente más elevada que si hubiera estado entre los elegidos. En la misma situación se encuentra Alfondeguilla que, en lugar de optar a los 1,5 millones, al ser excluido del plan de accesos y formar parte del complementario a financiar con remanentes, podrá acceder a otros 3,8 millones. Debido a que las ayudas para este plan complementario dependen de los remanentes de otras obras, el orden de inclusión en el mismo resulta primordial, ya que los primeros siempre acceden a las subvenciones, mientras que los últimos quedan, normalmente, fuera. Así, según se aprobó en el pleno del martes, los ocho primeros municipios de la lista no obedecen a ningún orden lógico -los cinco primeros lugares son localidades gobernadas por el PP, y los tres siguientes por el PSPV-, mientras los 49 restantes se han incluido por orden alfabético. Además, paradójicamente, todos ellos aparecen con proyectos presupuestados en cuatro millones que, casualmente, es el mínimo exigido por el Ministerio de Administraciones Públicas para que a la aportación provincial se sume la estatal. El caso de Morella aún es más particular ya que, según fuentes municipales, la solicitud presentada es de 1.604.872 pesetas, mientras que en los documentos de la Diputación el proyecto aparece presupuestado en, también, cuatro millones. Jesús Gil, quien ha calificado los hechos de "escandalosos" y "vergonzosos", ha exigido al presidente de la Diputación, Carlos Fabra (quien no asistió al pleno) que explique las baremaciones por las que se han excluido a estos municipios a los que se permite optar a mayores ayudas. Además, considera que debe justificarse el orden de prioridad que se ha dado al plan complementario y apunta que en el caso de que se admita la existencia de una "arbitrariedad", el vicepresidente de la Diputación "debería dimitir".