El Parlamento Europeo rechaza el pacto de la cumbre de Berlín y exige más dinero a la UE.

La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo puso ayer patas arriba el acuerdo alcanzado por los Quince en Berlín para reformar las finanzas europeas. La comisión aprobó por amplísima mayoría rechazar la propuesta de acuerdo del Consejo E y denunciar el llamado acuerdo interinstitucional. Si el pleno respalda esa postura, el Parlamento está facultado para prorrogar el presupuesto de 1999 corregido al alza, por lo que podría incrementar la propuesta del Consejo de Ministros casi 7.000 millones de euros (1,12 billones de pesetas) en el ejercicio del año 2000.

La decisión fue adoptada con 15 votos a favor (entre ellos, los de los diputados alemanes, tradicionales defensores de la austeridad), 3 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra fueron del francés Jean Claude Pasty y de los españoles del Partido Popular Salvador Garriga y Juan Manuel Fabra. Según fuentes parlamentarias, estos dos diputados votaron en contra por creer que la propuesta de denunciar el acuerdo interinstitucional, presentada por el ponente Joan Colom (socialista español), era "una maniobra de política interna española".

La decisión de la poderosa Comisión Presupuestaria debe ahora obtener el aval del pleno de la Cámara bien en su sesión de abril, bien en la de mayo. Aunque a la reclamación del Parlamento Europeo, que preside José María Gil-Robles, no son ajenos los momentos preelectorales que vive la Cámara ante los comicios de junio, la amplitud de los apoyos obtenidos por la iniciativa de Colom dan a entender que tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el pleno.

Decisión del pleno

En ese caso, se aplicaría el artículo 203 del Tratado, que faculta al Parlamento a prorrogar los presupuestos, pero no tomando como base las perspectivas financieras vigentes (en este caso, el plan financiero del periodo 1993-1999), sino el presupuesto del ejercicio en curso. El Parlamento tiene la facultad de aumentar la partida de gastos no obligatorios (en la práctica, todos los gastos excepto los de la Política Agrícola Común, PAC) en una cifra derivada de la evolución del producto nacional bruto de la Comunidad expresado en volumen; de la variación media de los presupuestos de los Estados, y de la evolución del coste de la vida en el último ejercicio.

Según fuentes parlamentarias, la aplicación de esas directrices, fijadas por el artículo 203 del Tratado de Maastricht, permitiría al Parlamento aumentar la propuesta de gastos no obligatorios del presupuesto de la UE desde los 49.270 millones de euros que se derivan de los acuerdos de Berlín, logrados bajo la presidencia del canciller alemán, Gerhard Schröder, hasta un máximo de 56.000 millones de euros. "Eso no significa que el Parlamento vaya necesariamente a aprobar un presupuesto que supere en casi 7.000 millones de euros la propuesta del Consejo de Ministros, pero el Tratado le faculta a hacerlo", señalaban ayer fuentes de la Eurocámara.

Estas fuentes estiman que si los Estados aplicaran realmente el crecimiento cero a sus presupuestos nacionales, el margen del Parlamento para ir aumentando sucesivamente el presupuesto comunitario si persiste el desacuerdo sobre las perspectivas para el periodo 2000-2006 se elevaría al menos a 66.000 millones de euros en el septenio.

"Si te proponen una cifra que está tan lejos, tan lejos, de las reclamaciones del Parlamento, lo lógico es que acabes rompiendo la baraja", enfatizaban ayer fuentes del Parlamento. Otras fuentes resaltaban el error de los Quince al rechazar casi todas las propuestas del Parlamento en los últimos meses, y en particular la exigencia de dar a la Cámara más margen de maniobra para dotar financieramente las políticas internas y externas y el dinero destinado a la ampliación.

El conflicto con el Consejo faculta al Parlamento a modificar al alza las cantidades propuestas en los llamados gastos no obligatorios. Estos son, fundamentalmente, los destinados a los fondos estructurales, las políticas internas (investigación, turismo, cultura, etcétera), las políticas externas (política exterior y de seguridad común, ayuda humanitaria, etcétera), la ampliación y los gastos de administración.

El Parlamento en ningún caso puede modificar los llamados gastos obligatorios (obligados por el tratado o por su aplicación). El grueso de esta partida es la política agrícola común, que consume más del 45% del total del presupuesto de la UE.