PP y PSOE cruzan acusaciones a cuenta de la ley que utiliza Piqué para gestionar su patrimonio

Fuego cruzado. PSOE y PP mantienen día a día el duro intercambio de acusaciones provocado por la utilización que hace el ministro de Industria, Josep Piqué, de la Ley de Sociedades Anónimas. En opinión de los diputados Luis Martínez Noval y Francisco Fernández Marugán, Piqué ha cometido, simplemente, "fraude" desde el año 1990 al utilizar su empresa Loreto Consulting para administrar sus propiedades inmobiliarias y adquirir mediante leasing (arrendamiento financiero) una segunda residencia, lo que está reservado para empresas con actividad económica real. En conferencia de prensa, ambos diputados atacaron duramente la actuación de Piqué, de quien Martínez Noval aseguró que se encuentra, políticamente hablando, con "respiración asistida". Entre otras cosas, aseguraron que todos los ciudadanos saben que la compra de una segunda vivienda no desgrava, lo que sí ocurre en el caso del ministro Piqué.Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, cuestionó con dureza la denuncia realizada por el PSOE contra Piqué ante la Agencia Tributaria por utilizar, dijo, una ley como la de sociedades en una actuación perfectamente legal. De Grandes aseguró, no obstante, que si de lo que se trata es de cambiar una ley como la de sociedades -tal y como demanda Izquierda Unida -, su grupo no tendría inconveniente.

En este sentido, el Grupo Socialista enmendó la plana a De Grandes y aseguró en un comunicado que en las enmiendas presentadas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 1997 y 1998 se intentó, sin éxito, "elevar del 50% al 80% el porcentaje de activos que han de estar afectos a la actividad [de las sociedades]", así como exigir "la existencia de al menos tres personas contratadas para que el arrendamiento de inmuebles pudiera ser considerado como actividad empresarial".

Otro ministro que gestiona sus propiedades a través de sociedades, el de Fomento, Rafael Arias-Salgado, aseguró ayer que su vivienda en Madrid y su apartamento en la Costa Brava pasaron a ser propiedad de la sociedad Ferloan (75% propiedad del propio ministro) a raíz de su separación matrimonial, proceso por el que pagó los correspondientes impuestos.