El Parlamento presenta por tercer año un recurso al Constitucional contra el Presupuesto del Estado

El presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, presentó ayer en Madrid en la sede del Tribunal Constitucional el recurso aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 10 de febrero contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1999 -el tercero en lo que va de legislatura-, por entender que se vulneran principios constitucionales de solidaridad e igualdad, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y el Estatuto de Autonomía. Para el presidente Torres Vela, el recurso presentado ayer es el de "la congruencia".

Torres Vela, que acudió acompañado por el letrado mayor, José Antonio Víboras, explicó que el Parlamento acordó recurrir la ley de Presupuestos, por considerar que afecta a principios básicos, como son los de solidaridad e igualdad, y por "violar algunos artículos de la Lofca y del Estatuto de Autonomía de Andalucía". El Parlamento autonómico ha añadido como argumentos del recurso, que ha sido elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara, dos cuestiones más referidas a la "insuficiencia" financiera y a la "inseguridad" jurídica, calificadas por Torres Vela de "esenciales". El primer caso alude al censo real de la población andaluza, "lo que supone un coste efectivo de 43.000 millones de pesetas menos" al año, al no reconocer el Gobierno central la existencia de 383.719 andaluces más a efectos de financiación autonómica. En cuanto al segundo aspecto, el presidente indicó que el actual sistema de financiación está produciendo "una enorme inseguridad jurídica", al proponer a Andalucía un sistema de financiación "con el que no está de acuerdo, y cuya modificación se produce cada año". Torres Vela admitió que las sentencias a las demandas presentadas tanto por el Parlamento como por el Gobierno autonómicos "podrían salir después de que el periodo del sistema de financiación [1997-2001] haya finalizado". El escrito de recurso del Parlamento se basa en tres fundamentos constitucionales básicos. El primero de ellos se refiere a la vulneración de los principios de coordinación entre la Hacienda estatal y la de las comunidades autónomas y de suficiencia financiera, por lo que se infringe el principio de solidaridad y distribución equitativa de la renta entre las distintas regiones. El segundo de los preceptos alude al establecimiento unilateral de la participación en los ingresos del Estado de la comunidad autónoma andaluza en 1999 y la privación de la posibilidad de su revisión, vulnerándose así el principio de igualdad básica entre comunidades autónomas. El último de ellos hace mención al "incumplimiento" de la Disposición Adicional Segunda recogida en el Estatuto de Autonomía, la denominada deuda histórica. El pleno del Parlamento andaluz aprobó el 10 de febrero, con los votos de PSOE, IU y PA y la oposición del PP, interponer su tercer recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado por el no reconocimiento del censo real de población, la imposición unilateral del sistema de financiación a la comunidad y la ausencia de obligaciones económicas para el pago de la deuda histórica. Por otro lado, la sección segunda del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso planteado por el Gobierno andaluz contra varios artículos de la ley del IRPF, aprobada el 9 de diciembre de 1998.