El tribunal gallego de cuentas observa graves anomalías en la Xunta

Subvenciones que se conceden sin controles previos, avales a empresas privadas que vulneran las normas comunitarias, adjudicaciones irregulares, personal seleccionado sin garantías de objetividad y contratos de alta dirección inflados o con cláusulas de indemnización desmesuradas. El informe anual del Consello de Contas (tribunal gallego de cuentas), presentado ayer, propina un serio varapalo a la gestión de algunos institutos y sociedades dependientes de la Xunta.El consejo decidió además remitir a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, por si pudiesen incurrir en delito, las irregularidades descubiertas en los ayuntamientos de Ponteareas (Pontevedra) y Ribeira (A Coruña). El alcalde de este último municipio, José Luis Torres, es también el candidato popular a la presidencia de la Diputación de A Coruña mientras que el de Ponteareas, José Castro, acaba de ser expulsado del PP.

El informe fiscalizador, aprobado por unanimidad de los cinco miembros del organismo, se refiere a las cuentas de 1995 y contiene severas censuras al modo de gestión de varias sociedades públicas. Así, el consejo concluye que las normas de control interno en el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), una especie de sociedad de crédito público que depende de la Consejería de Economía, "son en la mayoría de los casos contrarias a las disposiciones legales": el personal se selecciona sin garantías de igualdad de oportunidades, un elevado número de contratos administrativos se adjudica directamente sin que "se acredite el respeto a los principios de publicidad y concurrencia" y algunas convocatorias de ayudas para empresas tampoco contienen "criterios objetivos".

Retribuciones millonarias

El consejo constata que se han suscrito contratos de alta dirección para funciones que no entran en esa categoría y llama la atención sobre los sueldos de los responsables del organismo, que en el caso de su director general es de 13 millones de pesetas anuales, igual que el del presidente de la Xunta. Además, se critican retribuciones millonarias por vivienda o cumplimientos de objetivos a algunos altos cargos que no están debidamente justificadas, y el establecimiento de cláusulas de indemnización para el caso de abandonar el puesto que alcanzan los seis millones. El Igape avaló además créditos por valor de 900 millones a los propietarios del diario La Región, de Ourense, que pueden vulnerar la legislación europea para la defensa de la competencia, pese a que informes del propio organismo dudaban de su viabilidad.La más curiosa es la adjudicación, en diciembre de 1993 y por más de 2.500 millones, de la construcción de 256 viviendas en Ourense a una empresa, Aguas de Sousas SA, cuyo objeto social es la "explotación de aguas minero-medicinales" y que luego cedió sus derechos a Dragados y Construcciones. Aguas de Sousas había comprado los terrenos sólo veinte días antes.