La Junta andaluza autoriza con condiciones la reapertura de las minas de Aznalcóllar

La empresa Boliden Apirsa tiene permiso desde las 11.30 de ayer para reanudar la actividad minera en sus instalaciones de Aznalcóllar (Sevilla). En su autorización, la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía recoge las condiciones que ya habían establecido el Instituto Técnico Geominero de España (ITGE) y la Consejería de Medio Ambiente para la reapertura de la mina. La resolución avala la corta (mina a cielo abierto) abandonada de Aznalcóllar como nuevo depósito, en sustitución de la balsa de residuos que reventó el pasado 25 de abril y provocó el vertido tóxico en el río Guadiamar. "No hay razón para no abrir la mina ya", recalcó el consejero andaluz de Industria, Guillermo Gutiérrez.

La multinacional Boliden Limited no tardó en hacerse eco de la autorización recibida por su filial española para reanudar la explotación de la mina de Los Frailes, que apenas llevaba cinco meses abierta cuando se produjo la rotura de la balsa de residuos. "Estamos muy satisfechos de que las autoridades españolas hayan otorgado los permisos", indicó Anders Büllow, presidente de la multinacional, en una nota fechada en Toronto (Canadá). El anuncio de la Junta de Andalucía llega además en un momento oportuno para Boliden Limited, que ha llevado al mercado de valores canadiense una ampliación de capital que estará en contratación hasta el próximo lunes."Boliden Apirsa decidirá la fecha de reanudación de la explotación una vez que haya examinado las condiciones de los permisos", asegura Büllow en el comunicado. Fuentes de la filial española matizaron que la multinacional aún no ha decidido si va a reabrir la mina. Los propietarios de la explotación de Aznalcóllar no sólo analizarán el impacto económico de las condiciones impuestas por las administraciones españolas. También tendrán en cuenta los precios en el mercado de cobre y cinc (ahora mismo en mínimos históricos) y la situación financiera de Boliden Limited. "Hemos acelerado el proceso administrativo", reconoció el consejero andaluz de Industria, quien recordó que "Boliden siempre ha dicho que tenía mucha prisa". Gutiérrez también confirmó que la Junta de Andalucía abonará a la empresa las ayudas pendientes "si se mantienen los puestos de trabajo". La explotación de la nueva mina de Los Frailes (en la que Boliden invirtió 30.000 millones y trabajan 450 empleados) fue subvencionada por las administraciones central y autonomica con 7.100 millones de pesetas. De esa cantidad, aún no se han pagado 3.200 millones (unos 700 millones corresponden al Gobierno andaluz).

La Consejería andaluza de Industria autoriza expresamente la utilización de la corta abandonada de Aznalcóllar como nuevo depósito de residuos. Tal y como recogía el estudio elaborado por el ITGE, Boliden sólo podrá almacenar los lodos tóxicos que produce su sistema de extracción hasta la cota 0 (metros sobre el nivel del mar). Esta mina a cielo abierto fue el lugar elegido por las administraciones para almacenar los lodos (se han recogido seis millones de toneladas) que anegaron el cauce del Guadiamar.

Ésta es una de las mayores restricciones al proyecto de Boliden, que reclamaba el uso de la mina abandonada hasta la cota 38. La empresa calcula que los residuos almacenados llegarán al límite prescrito por los técnicos del ITGE en apenas tres años, mientras que Boliden prevé explotar Los Frailes durante diez años. No obstante, Gutiérrez recordó que la empresa puede presentar estudios para probar la impermeabilidad de la corta hasta la cota 20.

Estudio ambiental

La autorización recoge las condiciones incluidas en la evaluación del impacto ambiental, que obliga a la empresa a presentar una fianza (aún indeterminada) para afrontar la restauración de la zona cuando abandone Aznalcóllar. En su declaración, la Consejería de Medio Ambiente reclama la elaboración de un plan de emergencia (inexistente hasta ahora), y prohíbe arrojar a la corta abandonada los desechos de pirita generados, que tendrán que seguir almacenándose en escombreras. La empresa deberá ampliar sus controles en aguas subterráneas y superficiales e instalar medidores de contaminación atmosférica.Para reanudar su actividad, Boliden también requiere el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para verter las aguas usadas en su proceso productivo (previamente depuradas) en el río Agrio, afluente del Guadiamar). Pero, aunque este expediente aún está en fase de información pública, la empresa disfruta de una autorización provisional desde el pasado día 4. El rompecabezas administrativo se completa con el pronunciamiento favorable a la reapertura que manifestó, con los votos en contra de los directores conservadores, el Patronato del Parque Nacional de Doñana, que presidió la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino el pasado 25 de febrero.

La decisión de la Junta andaluza no incluye ninguna de las alegaciones presentadas por las asociaciones ecologistas. "Las administraciones han cedido al chantaje de Boliden", sostuvo Greenpeace en un comunicado. Yolanda Menor de Gaspar, coordinadora de Ecologistas en Acción, anunció que la federación verde estudia recurrir judicialmente la autorización.