Chaves recuerda que las pensiones impugnadas ya se pagaron y que la suspensión es "preceptiva"

La suspensión por el Tribunal Constitucional de los decretos de la Junta de Andalucía que fijaron una ayuda complementaria a las pensiones no contributivas de la comunidad es "preceptiva", una vez que fue impugnada por el Gobierno central, según recordó ayer el presidente andaluz, Manuel Chaves. El conocimiento del automatismo de la suspensión, por mandato del artículo 161.2 de la Constitución, permitió a la Junta adelantar al 12 de marzo el pago en una cuota única de las 9.395 pesetas de ayuda, con lo que la medida cautelar es sólo teórica. El Tribunal tiene cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.

Manuel Chaves explicó ayer que la decisión del Tribunal "no se puede prestar a ninguna interpretación" porque la suspensión es preceptiva. Tampoco dio importancia a la rapidez con la que el Constitucional ha admitido a trámite (sólo cuatro días) el recurso de conflicto de competencias planteado por el Gobierno y cuya admisión publicó ayer Abc. La suspensión es "normal y lógica", recalcó Chaves, quien recordó que no tiene efectos de momento pues el incremento ya se ha abonado en un solo pago a los pensionistas andaluces. El PP de Andalucía apludió que el Constitucional "ponga coto a las tropleías de Chaves", según el secretario del grupo Popular en el Parlamento andaluz, Rafael Salas, que calificó la medida de "varapalo judicial" y "primera derrota".Frente a esa interpretación,Chaves recordó en Málaga que "el Tribunal Constitucional no tiene margen de discrecionalidad para decidir sobre un acuerdo autonómico recurrido por el Gobierno, ya que es preceptivo suspenderla cautelarmente, sin que quepan interpretaciones políticas o jurídicas disparatadas sobre el fondo".

En efecto, el artículo 161.2 de la Constitución dice así: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Fuentes del Constitucional señalaron a este periódico que sólo cuando la impugnación quede resuelta antes de los cinco meses, supuesto que consideraron improbable dado el atasco de asuntos existente, no será necesario ratificar o levantar la suspensión, informa Sobre la posibilidad de que, transcurridos los primeros cinco meses, se mantenga la suspensión, señalaron que el Tribunal sólo prorroga dicha medida "si la disposición autonómica impugnada produce efectos graves e irreparables". Añadieron que, en este caso, con las pensiones ya pagadas, da prácticamente igual que se ratifique o se levante la suspensión, ya que el interés residirá en la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto.

La Junta aprobó el 9 de marzo una modificación del Decreto 284/98, de 29 de diciembre, precisamente para adelantar en algo menos de un mes (del 1 de abril al 12 de marzo) lo que el Gobierno autonómico insiste en denominar "ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas".

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, remarcó que la ayuda "se ha desembolsado totalmente", ya que el pago se comenzó el 12 de marzo. Saldaña insistió en que el artículo 13.22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a la comunidad competencias exclusivas en materia de asistencia y servicios sociales. "Y esto no es una subida de pensiones, sino una ayuda social, similar a las que se vienen aplicando a las asistenciales desde 1990. Lo que ocurre es que el Gobierno tiene el privilegio de que, con sólo presentar el recurso, se suspenda el acto administrativo", subrayó. CCOO y UGT se mostraron satisfechos de que la suspensión no suponga devolver la paga lineal entregada.

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, resaltó la importancia de la admisión de los recursos y lamentó la "profunda deslealtad constitucional" de la Junta. Su antecesor, Javier Arenas, había dicho en diciembre que los informes de los abogados del Estado sugerían que los recursos no podían prosperar pero que se iban a presentarlos para impedir que la medida se repitiera en otras comunidades. El vicepresidente del Consejo Andaluz de Mayores, el exsenador José González Gastañaga, consideró que los recursos demuestran "un cinismo extremo" de un Gobierno que dice que "España va bien y regala 1,3 billones a las eléctricas".