La Junta andaluza salda con Trabajo la deuda de la Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo abonará a la Junta de Andalucía en un plazo "breve" 4.075 millones de pesetas, después de la firma del acuerdo con el que acaba el conflicto de la deuda de la Administración autónoma a la Seguridad Social (3.152 millones de principal) y la del Ministerio de Trabajo a la Junta con cargo al programa de Incapacidad Temporal (7.228 millones). Según explicó el ministro, Manuel Pimentel, el pacto cierra la regularización de las comunidades autónomas con la Seguridad Social y, a partir de ahora, se conciliará la deuda de los ayuntamientos.El acuerdo rubricado ayer fue alcanzado, sin embargo, el pasado 18 de diciembre, pero las discrepancias sobre la exactitud de las cifras y el enfrentamiento político entre la Junta andaluza y el Gobierno, que disienten prácticamente en todos los aspectos posibles, ha retrasado la firma. Ambas partes comenzaron el cruce de deudas mutuas con cuantías mucho más elevadas de los números finalmente pactados. Trabajo reclamaba unos 60.000 millones de deuda acumulada, mientras que la Junta sostenía que el acreedor era el ministerio y que no tenía por qué pagar los intereses de apremio, en virtud de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, que determina que no se le puede obligar a su pago. De hecho, la disputa sobre si la Junta andaluza está obligada o no a abonar el recargo de apremio (unos 21.000 millones) sigue abierta, por lo que el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Economía y Hacienda han acordado someterse al criterio del Tribunal Supremo. La Tesorería de la Seguridad Social condonará, no obstante, los recargos de mora (120 millones), tal y como ha hecho con otras comunidades autónomas, y concederá un aplazamiento de 10 años para los de apremio, con un periodo de carencia hasta diciembre del 2000, de forma que pueda pronunciarse el Supremo.

El acto de la firma del acuerdo estuvo marcado por la tensión creada tras los recursos al Constitucional anunciados por Pimentel contra la Junta por la subida de pensiones y los intereses de los depósitos judiciales.