Los ecologistas creen que las administraciones ceden al "chantaje" de Boliden

Las asociaciones ecologistas volvieron ayer a reafirmar su rechazo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, por encontrar "graves carencias en el proyecto de Boliden [la empresa propietaria]", según expuso ayer el representante de Greenpeace, Pablo Mascareñas. "Todo el proceso administrativo nos suena a chantaje", afirmó en rueda de prensa el portavoz de SEO-Birdlife, Francisco Castro. Castro se refirió a la autorización provisional concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a Boliden para que esta pueda realizar vertidos en la corta abandonada de Aznalcóllar, el depósito que sustituiría a la balsa que reventó el pasado 25 de abril. "La Confederación dio un permiso provisional el pasado 4 de marzo, en proceso de información pública del expediente sobre el proyecto de Boliden", explicó el representante de SEO-Birdlife. La CHG atendió la petición de la empresa porque ésta esgrimió "la necesidad de atender contratos y las inversiones multimillonarias en riesgo si no podía reanudar la actividad", según Castro. "Si la Confederación ya ha manifestado su intención con antelación, ¿cómo va a denegar su autorización?", se preguntó el representante ecologista, quien recordó que se había informado al fiscal de medio ambiente. "Se da la misma situación que antes de la rotura: una empresa consigue que las administraciones cedan al chantaje económico", concluyó la portavoz de Ecologistas en Acción, Yolanda Menor de Gaspar. Permiso La Junta de Andalucía dará su permiso a la reanudación de la actividad minera "el martes o el miércoles" de la próxima semana, según dijo ayer el consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez tras confirmar que su departamento había recibido la evaluación de impacto realizada por Medio Ambiente. Por otra parte, los alcades de los diez municipios por los que pasó la riada tóxica y representantes de UGT y Comisiones Obreras se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno en Andalucía para reclamar una ampliación de los fondos de Aepsa especial (450 millones este año) asignado a jornaleros de la zona afectada. Unos 200 trabajadores pidieron al Ministerio de Trabajo un plan de 750 millones para los próximos diez años.