Álava es la única provincia vasca que cumple los niveles óptimos en la atención a la tercera edad

El País Vasco ha entrado en el año internacional de la tercera edad en desigualdad de condiciones según los territorios. Álava se mantiene como la única provincia con capacidad de ofrecer plaza en una residencia a cinco de cada 100 personas mayores, esto es, la tasa de cobertura reconocida como óptima. Guipúzcoa y Vizcaya poseen un índice del 3,40 y 3,10%, respectivamente. La Diputación alavesa, que acaba de adjudicar un centro de 140 camas, ha anunciado su intención de eliminar las listas de espera en el plazo de cuatro años, de modo que cada usuario pueda elegir su lugar de destino.

Euskadi ofrece en la actualidad 10.000 plazas en residencias y viviendas comunitarias para la tercera edad. Este dato supone que de cada 100 personas mayores poco más de tres tienen la posibilidad de alojarse en un centro especializado. En esta materia, las países más avanzados son Dinamarca (13,2%), el Reino Unido (10%) y Bélgica (7,8%). Las autoridades internacionales consideran el 5% como un nivel óptimo. En el País Vasco, sólo Álava supera esa tasa. Así lo constató un informe del Ararteko, publicado en 1994. Según el estudio, Álava alcanza una cota del 5,08%, por el 3,40% de Guipúzcoa y el 3,10% de Vizcaya. Después de cuatro años se mantienen unas cifras similares porque, aunque ha aumentado la oferta bruta de plazas en los últimos años, de forma paralela crece el envejecimiento de la población. El 15% de los habitantes de Euskadi supera los 65 años. Son ya 313.000 personas, según los últimos datos oficiales del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Dada la situación, se calcula que la comunidad vasca deberá duplicar el número de plazas en residencias en los próximos años. Los expertos consideran que Euskadi dispondría de la cobertura necesaria si en el año 2016 existieran 19.810 camas. El panorama en cuanto a la atención a la tercera edad cambia según cada provincia, porque cada diputación -que son las instituciones competentes en los asuntos sociales- mantiene un sistema diferente. En Vizcaya prima el sector privado. De hecho, las plazas dependientes de fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro y empresas supone más del doble que la oferta pública. En Guipúzcoa, el mayor esfuerzo corresponde a los ayuntamientos, que poséen más de la mitad de las residencias. Además, resulta importante la solidaridad familiar, de modo que se retrasa más que en otras provincias el ingreso en un centro. En Álava, la Diputación desempeña el papel más importante. En la atención a las personas mayores, las residencias suponen el último paso de la cadena. Se prefiere, en primer lugar, la ayuda a domicilio y los centros de día, y recurrir a los antes llamados asilos sólo como último remedio. Además, el Plan Gerontológico del País Vasco invita a reconvertir plazas para personas válidas en otras destinadas a ancianos con dependencias de diferente grado. Esa transformación resulta bastante costosa, aunque ya se ha iniciado en algunos centros públicos. Para regular la situación de las residencias -doce se cerraron entre 1990 y 1998 por no reunir condiciones- el Gobierno vasco dictó el año pasado un decreto que fija unas normas estrictas y de funcionamiento. Además de un buena atención, se deben proteger los derechos y la privacidad de los usuarios. En la elaboración del decreto pesó el exhaustivo informe del Ararteko, donde se señalaba que "el esfuerzo de las instituciones implicadas no es suficiente en términos globales". En concreto, se refería a las listas de espera. En este aspecto, como en los centros de día y la atención domiciliaria, también existen distintos grados según cada territorio. La situación más desfavorable corresponde a Vizcaya. Aunque la Diputación cifra en 123 el número de personas que se encuentra a la espera de una plaza, otras fuentes entienden la demanda real supera las 1.500 personas. En Guipúzcoa, dada la atomización de los servicios sociales, apenas existen datos fiables, aunque en los ayuntamientos la lista es escasa. El gasto en este capítulo ha aumentado en el último año de forma considerable: de los 400 millones invertidos el año pasado se pasará a los 1.129 presupuestados para éste, un 185% más. Álava, por su parte, cuenta con 232 personas a la espera de poder ingresar. No obstante, la Diputación se ha fijado un objetivo ambicioso: suprimir la lista en un plazo de cuatro años. En Álava se ha adjudicado en los últimos días la construcción de una residencia para 140 plazas con un modelo de gestión nuevo en Euskadi, compartido entre la Administración y una empresa privada. Listas de espera Para el futuro, hay otros dos proyectos. Uno en Llodio, con 600 millones de presupuesto y que se concluirá el año 2000. El otro se ubicará en Salvatierra y el comienzode las obras se prevé para dentro de un año. "Serán del modelo antiguo", avanza María Jesús Aguirre, diputada de Bienestar Social. "Dentro de tres años pretendemos construir otra residencia, más centros gerontológicos y otros 20 de atención diurna. Si conseguimos eso, bajará la demanda de residencias". La diputada nacionalista, no obstante, cree que en los próximos años variará la tendencia actual, en el sentido de que se retrasará la edad de ingreso en centros especializados. "Hoy en día, hasta los 80 años las personas están muy bien, con buena salud. Aunque se produzca un envejecimiento, llegan mucho mejor a esas edades. En el futuro, habrá menos demandantes por discapacidad que en estos momentos", anticipa.