El discutido nuevo modelo

La atención a la tercera edad se ha dividido siempre en dos sectores: privado y público. La Diputación de Álava, cuyo sistema básicamente público funciona de forma eficaz, ha introducido un nuevo modelo. Ha adjudicado a la empresa Quavitae, con capital mayoritario de Caja Madrid, la construcción de una residencia en el barrio vitoriano de Ariznavarra. Así se ahorrará los 1.228 millones que costará. Los usuarios saldrán de la lista de espera elaborada en la propia Diputación y pagarán lo mismo que en un centro público. Pero la gestión será totalmente privada. Este nuevo modelo, ya experimentado en Coslada y Leganés, ha suscitado distintas reacciones en Álava y se ha roto así la habitual unanimidad entre los partidos. María Jesús Aguirre, diputada foral de Bienestar Social, subraya las ventajas: "Contrastar el modelo de gestión, conseguir una oferta para que se pueda elegir, de modo que todos los servicios estarán más próximos al usuario". "Además", añade, "los 1.200 millones irán a parar a otros servicios sociales de la Diputación. No supone un ahorro". La diputada del PNV entiende que restará burocracia a la Diputación. "Se intenta separar la planificación y la financiación de la provisión. Si se carga de gestión a la Administración la ahogas. Y llegaría un momento en el que, por decirlo así, habría más jefes que indios. Es mejor ir hacia la planificación y que la gestión no coma todo su tiempo". Además, recuerda que la residencia permitirá contratar a "casi 100 personas", algo "imposible" de llevar a cabo para la Administración. El Instituto Foral de Bienestar Social emplea a 832 personas. Las apreciaciones de la diputada distan mucho de la visión negativa de los socialistas. Jesús Loza, que competirá con Aguirre por la Alcaldía de Vitoria, dirigió Bienestar Social en la Diputación entre 1986 y 1997: "En Navarra, han quebrado las cuatro residencias que había de este tipo", advierte. "Este nuevo centro supone quebrar el modelo en el que hemos estado de acuerdo hasta ahora todos los partidos". El ex diputado considera inviable ofrecer un servicio tan eficaz como el de la Diputación, máxime teniendo en cuenta que la empresa debe amortizar el coste del edificio. "No conozco duros a cuatro pesetas. Creo que disminuirá la calidad y las condiciones laborales serán peores que en la Diputación. El único objetivo es ahorrar", afirma.