Cuba condena a penas de hasta cinco años de prisión a los disidentes del "grupo de los cuatro"

La Sala Segunda de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal de La Habana dio ayer a conocer la sentencia contra los cuatro miembros del llamado Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna: cinco años de privación de libertad para Vladimiro Roca, cuatro para Félix Bonne y René Gómez Manzano, y tres años y seis meses de cárcel para Marta Beatriz Roque. Las condenas, algo menores de las que solicitaba la fiscalía (seis años para Roca y cinco para el resto), se recibieron en medios diplomáticos europeos con menos pesimismo del esperado pues dejan un resquicio para que los disidentes puedan cumplir la sentencia en sus casas o les sea otorgada la libertad condicional.

No hubo notificación previa de la sentencia a los abogados de los disidentes ni a sus familias. El fallo del tribunal contra el llamado grupo de los cuatro se dio a conocer mediante un escueto comunicado emitido por televisión, que dejó sorprendidos y estupefactos a los familiares de los condenados. "Pensábamos enterarnos por una comunicación oficial, no de esta forma", dijo a El PAÍS Magaly de Armas, esposa de Vladimiro Roca, nada más conocerse el fallo.De Armas declaró que la sentencia le parecía "injusta y desproporcionada", y anunció que la abogada de Roca, Amelia Rodríguez, presentaría recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Ellos son inocentes. Se les condena sólo por pensar diferente. No debieran siquiera haber sido llevados a un tribunal", afirmó.

Para Jorge Gómez Manzano, hermano de René, la sentencia, aunque "desmedida", deja abierta la "posibilidad de que no sea tan negativa como parece". "Yo esperaba una sentencia más benigna, pero ahora hay que ver en qué forma será cumplida. Podría determinarse alguna forma de limitación de libertad en el domicilio, o incluso se les podría permitir la libertad condicional".

El juicio contra los cuatro disidentes se celebró a puerta cerrada y en medio de extremas medidas de seguridad el pasado día 1 en un tribunal de Marianao. La fiscalía les acusó de un delito de "sedición", bajo el argumento de que los cuatro trataron de boicotear las elecciones de 1997, al hacer un llamamiento a la población para que se abstuviese o votase nulo como forma de protestar contra el Gobierno. También se les acusó de fomentar la subversión del orden socialista con el documento La Patria es de todos, elaborado en 1997, en el que se cuestionaba al partido comunista y el modelo unipartidista que rige en Cuba desde 1959. Tras el juicio, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que consideró probada "la vinculación existente entre las actividades realizadas por los acusados y las modalidades de agresión a Cuba adoptadas por la política de EEUU", y días después el diario oficial Granma acusó a los cuatro disidentes de "traidores" y de "contrarevolucionarios pagados por Estados Unidos". Granma dijo también que si en el momento de la detención de los cuatro hubiese existido la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, recientemente aprobada por el Parlamento de la isla, "seguramente la fiscalía hubiese pedido sentencias más severas" para ellos. Esto hizo pensar en medios diplomáticos que los cuatro serían condenados al menos a seis y cinco años de cárcel, como pedía el fiscal, si no más. Quizás por ello, la primera reacción de algunos diplomáticos europeos no fueron tan negativas. "Me parece una sorpresa favorable, sobre todo después del editorial publicado en el diario Granma", comento un diplomático de la UE.